A pesar de que no tiene un impacto significativo en las operaciones, Argentina que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se pronuncie a su favor para que Venezuela termine con el bloqueo de su espacio aéreo a operadores con registro argentino (LV-). La acción forma parte de la protesta formal realizada tras la decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro a principios de marzo.
El bloqueo del espacio aéreo es una decisión que Venezuela toma en represalia por la entrega por parte de la Justicia de Argentina del Boeing 747-300C de Emtrasur a los Estados Unidos. La aeronave -actualmente destruida- se entrega tras un requerimiento de incautación del país norteamericano por una violación de las sanciones que este país impone a las empresas Mahan Air y Conviasa, ambas por supuestas colaboraciones con grupos de carácter terrorista.
Para Venezuela, la entrega de la aeronave es calificada como un acto hostil. En ese sentido, la decisión de bloquear el espacio aéreo a operadores con registro argentino sigue la advertencia realizada a principios de año. En enero 2024, el régimen de Nicolás Maduro levanta la alerta a la comunidad internacional, señalando que cualquier medida de facilitación o colaboración de países en el traslado del avión a los Estados Unidos será considerado como un acto contra su país.
La protesta de Argentina ante la OACI está respaldada por los Estados Unidos. Ambos países piden la reapertura del espacio aéreo de Venezuela. Gerardo Bompadre, cónsul general de Argentina, argumenta que la entrega del B747-300C de Emtrasur es una decisión del Poder Judicial cumplida por la Casa Rosada. Para el país trasandino, el bloqueo venezolano viola las normas básicas de la Convención de Chicago.
Venezuela señala que tanto Argentina y los Estados Unidos violan la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Tras la incautación, traslado y destrucción de avión de Emtrasur, busca una compensación como paso previo para revertir las sanciones.
Solución de controversias
La solución de controversias en virtud del Convenio de Chicago busca propiciar negociación entre los Estados contratantes en caso de desacuerdo, tal como ocurre entre Argentina y Venezuela. Si no hay avances, pasa a al Consejo de OACI a petición de cualquier Estado interesado. En esas instancias, todo Estado miembro puede apelar a la decisión del Consejo ante un Tribunal de arbitraje respectivo o ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Un ejemplo de lo anterior, es lo que ocurre con el bloqueo a Qatar por parte del Reino de Arabia Saudita, Bahrain, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Las decisiones de la CIJ y de un Tribunal de arbitraje son vinculantes (obligatorias).
La competencia del Consejo de OACI se enmarca dentro de la aplicación e interpretación del Convenio de Chicago. Son pocas las veces en la que se ha pronunciado sobre decisión de controversias. Por su parte, la CIJ sólo lo hace respecto a la competencia del Consejo.
Impacto del bloqueo
Por el bloqueo venezolano, Aerolíneas Argentinas es la compañía aérea más afectada. La empresa utiliza la rutas aéreas sobre Venezuela para los vuelos que realiza desde Buenos Aires (EZE) hacia la Punta Cana, Miami y Nueva York (JFK).
Para los pasajeros, la decisión del gobierno de Venezuela no tiene un impacto más allá que un aumento ligero en los tiempos de vuelo. Por la prohibición, las aeronaves deben extender su ruta de vuelo para utilizar los espacios aéreos de países vecinos (Colombia y Guyana). Como consecuencia, el desvío se traduce en un mayor consumo de combustible impactando en el gasto que los operadores aéreos deben realizar.
Inicialmente, la restricción a las operaciones aéreas de aeronaves de Argentina en Venezuela queda exenta en caso de emergencia. Sin embargo, queda en incertidumbre el ingreso o salida de pasajeros y/o tripulaciones de dichos vuelos.
A diferencia del caso de Qatar y Qatar Airways, el impacto es menos significativo. Sin embargo, opiniones desde Venezuela consideran que Argentina si estaría viendo daño importante en la medida motivo por el cual justifica una protesta ante OACI.
Fotografía portada – Ricardo J. Delpiano