La Justicia argentina avala la incautación del avión Boeing 747-300C (Combi) de Emtrasur retenido en Buenos Aires (EZE) desde mediados de 2022. La decisión adoptada por la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, se alinea con lo solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos. Por el contrario, Venezuela rechaza la decisión indicando que se violan tratados internacionales.
La fiscal base su decisión sobre el avión de Emtrasur como parte de una cooperación internacional. Por consiguiente, no deben existir dudas respecto “al fondo de la cuestión”. Asimismo, sostiene que “actuar en sentido contrario podría implicar la responsabilidad internacional de la República Argentina”.
De igual manera, cita jurisprudencia de la Corte Suprema señalando que una decisión contraria podría determinar la responsabilidad de Argentina por incumplimiento de sus deberes de cooperación y asistencia jurídica en materia de represión del delito. El juez federal Federico Villena está notificado de la decisión de carácter vinculante.
Por el momento, el avión de Emtrasur continuará en Argentina. Todavía no hay fecha de su entrega a los Estados Unidos, tal como este país lo solicita en 2023 a través de la Corte del Distrito de Columbia.
Venezuela: decisión consuma el robo
Durante la jornada del miércoles 03 de enero, el Gobierno de Venezuela rechaza la decisión judicial en Argentina. A través de un comunicado, difundido por el canciller, Yvan Gil, califica de ilegal la decisión que justifica el robo de la aeronave.
“Con esta ilegal decisión, el Estado argentino se somete a los poderes del imperialismo estadounidense y viola flagrantemente el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Carta de Naciones Unidas, el Convenio Bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela y otros acuerdos relativos a la Navegación Aérea Internacional y Derechos Humanos”, dice parte del comunicado.
Desde el Gobierno de Venezuela señalan que han demostrado ante todas las instancias jurídicas y políticas la posesión legal y legítima de la aeronave. Por lo tanto, rechazan las acusaciones de actividades sospechosas, especialmente, aquellas ligadas al terrorismo.
Ante lo que consideran una conducta de pillaje, piratería y vasallaje, Venezuela indica que efectuará todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas para “salvaguardar los derechos que le asisten”.
El Gobierno de Venezuela levanta también la alerta a la comunidad internacional. Cualquier medida que permita al sobrevuelo de la aeronave -en el caso de traslado a los Estados Unidos- será considerado como un “acto hostil”.
Solicitud de incautación
En agosto 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) solicita la incautación del Boeing 747-300C de Emtrasur, filial de Conviasa. De acuerdo con la autoridad estadounidense, la aeronave viola las sanciones que su país impone a la empresa iraní Mahan Air y a la venezolana Conviasa. El motivo son supuestas colaboraciones con grupos de carácter terrorista.
Desde 2008, los controladores y funcionarios de Mahan Air están en la Lista de Personas Denegadas (DPL) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para prohibir cualquier tipo transacciones por estar bajo sospecha. En 2011, la prohibición se amplía luego de que la empresa queda incluida en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). La acusación es por supuesta colaboración con organizaciones terroristas.
Para los Estados Unidos y algunos países de Europa, Mahan Air es la línea aérea oficial de la IGRC-QF. Además de realizar vuelos comerciales, brindaría apoyo a las fuerzas militares y otras operaciones encubiertas en Siria y otros países de la región. Se acusa a la empresa de facilitar viajes a este cuerpo armado, transportar a agentes de seguridad y autoridades. Además, sería transportista de armamento y distintas transferencias a terceros fuera de Irán.
Según la justicia estadounidense, Mahan Air viola las sanciones que pesan en su contra al transferir la custodia y control del B747-300C a Emtrasur, sin la autorización correspondiente. Lo mismo, ocurre para otros aviones que Conviasa utiliza como A340-300/-600.
Fotografía portada – Sebastián Borsero