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    Aduanas sanitarias en aeropuertos de Chile: burocracia y falta de estandarización

    “El corral del contagio”. Ese el nombre que los trabajadores de los aeropuertos le dan a la aduana sanitaria impuesta por el Ministerio de Salud de Chile. El nombre no va por el riesgo que significa contagiarse en un aeropuerto, sino por reunir todas las características que contradicen todo lo que promueven las autoridades chilenas. Para algunos, se trata de otra más de las señales confusas entregadas durante la pandemia.

    Con un tiempo de espera variable, pero que pueden llegar hasta una hora sólo para ser atendido y filas que sobrepasan el corral designado y se extienden por gran parte del terminal aéreo, habitualmente son casi 400 personas esperando por el visado correspondiente. Se trata de un problema advertido desde mayo, cuando ya con los escasos pasajeros de ese entonces el proceso toma 10 minutos aproximadamente en completarse. Sin embargo, hace falta una denuncia masiva en canales de televisión para que las autoridades reacciones y comiencen a tomar cartas en el asunto a siete meses de iniciada la pandemia.

    Según define el propio Ministerio de Salud, la aduana sanitaria “es un recinto de parada obligatoria de control por la que deben pasar todos quienes deseen ingresar a las regiones que tienen menos contagiados. Esto permite evitar que personas contagiadas lleguen a esos lugares y se propague la enfermedad”. Hoy están presentes en todos los aeropuertos y aeródromos de Chile y aplican sólo para pasajeros viajando dentro del país. En cada punto, los pasajeros deben someterse a un control de temperatura, presentar el pasaporte sanitario requerido para los viajes y acreditar la documentación para ello, es decir, papeles que permiten viajar por trabajo (esencial definido por el Gobierno), salud o asistencia a funeral de familiar cercano.

    Las aduanas sanitarias están bajo la responsabilidad de la Secretarías Regionales del Ministerio de Salud (SEREMIS) y cuentan con el resguardo de las Fuerzas Armadas dentro de las atribuciones que permite el estado de excepción constitucional de catástrofe. Actualmente, la administración de Sebastián Piñera gobierna con tres periodos consecutivos bajo esa medida excepcional.

    Los problemas de las aduanas sanitarias tanto en Santiago como en regiones comienzan a manifestarse con los incrementos de los flujos de personas a partir de junio como consecuencia de los aumentos de capacidad por parte de las líneas aéreas en atención de las múltiples necesidades de viaje de la población. Pese a que en Chile, se opera bajo el 30% de la oferta respecto a 2019, en términos sencillos, con muy pocos vuelos y cantidad de pasajeros en relación con los meses previos a la crisis, por avión mínimo pueden agruparse 150 personas. Si hay dos o tres vuelos programados en un bloque horario -ya condicionado por slots para limitar la cantidad de personas en aeropuertos- fácilmente son 300 o casi 500 personas que deben ser controladas.

    Si bien la denuncia cobra relevancia en el aeropuerto de Santiago por tener la mayor afluencia de viajeros y cantidad de vuelos, el problema también se extiende a regiones. En varios terminales aéreos de distintas ciudades del país, las aduanas sanitarias generan filas interminables que aumentan los tiempos de espera de los pasajeros, quienes detenidos y aglomerados en corrales, deben esperar el arribo de los funcionarios de salud, según la programación de los vuelos. Los tiempos de espera varían desde 30 a 45 minutos o incluso más según distintas experiencias de viajeros consultadas. En todas las aduanas, el panorama se repite hileras de personas como si esperaran ingresar a un supermercado venezolano o también chileno bajo la nueva realidad.

    Fotografía: Simón Blaise

    El proceso de la aduana sanitaria se puede comparar con el de un check-in con entrega de equipaje o un control de pasaporte. Para ellos, la industria aérea tiene definidos tiempos máximos de espera que permiten a los aeropuertos operar en un nivel óptimo. Según las definiciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para los niveles de servicios en los aeropuertos, el tiempo de facturación y entrega de equipaje (check-in y bag drop) es de máximo 10 a 20 minutos. Si se trata de tiempos de control de pasaportes, las esperas no deben pasar los cinco a 10 minutos por persona. En ambos casos, se considera un espacio disponible óptimo por persona de 1 a 1,2 metros, estándar que aumenta con la separación física exigida como medida preventiva para prevenir el COVID-19.

    A siete meses de la imposición de los controles son dos problemas que se detectan: falta de una dotación adecuada del personal de salud en función de la demanda y cantidad de vuelos programados y la arbitrariedad en la solicitud de los documentos. También se agrega la falta claridad del proceso por parte de la población y la autonomía que tienen los SEREMIS para implementar los controles, tal como ocurre con los problemas denunciados para las operaciones aéreas en mayo. En regiones, por ejemplo, las esperas están también relacionadas con el arribo a tiempo del personal encargado de efectuar el control. Si no llegan, nadie puede pasar al control de seguridad (AVSEC) y menos embarcar, pese a haber realizado el check-in o despachado su maleta.

    Como consecuencia, algunos pasajeros reportan que han perdido sus vuelos por las demoras de la aduana sanitaria. Otros también los pierden por la arbitrariedad en la otorgación del visado. En ambos casos, es el ciudadano quien debe asumir el costo de esa pérdida porque ni las líneas aéreas ni menos los aeropuertos son responsables de las aduanas. Si un pasajero no puede viajar porque pierde el vuelo o es rechazado su motivo de viaje, se debe bajar su equipaje del avión lo que puede generar retrasos a la operación del vuelo con implicancias para el resto de la programación tanto de los aviones como de las tripulaciones.

    En las aduanas sanitarias, los pasajeros deben presentar el pasaporte sanitario virtual que se obtiene en la página dispuesta para ello (www.c19.cl) y presentar la documentación. Si es trabajo el contrato de trabajo, la constancia del viaje de la empresa o empleador, permiso colectivo de trabajo según lo dispuesto en la plataforma comisaria virtual. Si es por residencia un certificado de residencia de la Junta de Vecinos (la mayoría cerradas) o un documento firmado ante notario de la región donde viaja o tiene la residencia o la licencia de conducir o cuenta donde compruebe el domicilio del pasajero. Si es por salud, la constancia de una consulta médica en destino.

    Si bien sólo se puede viajar por trabajo esencial, salud o asistencia a funeral de familiar cercano, en las últimas semanas, el componente del pasaje de los vuelos ya difiere. A veces, es similar al de un vuelo normal: trabajadores, jóvenes, familias con niños animales, personas de la tercera edad, etc. Probablemente también guarda relación con inconsistencias en la información que se despliega desde el propio Gobierno.

    En algunos casos, también varían los documentos se solicitan, punto que funciona con toda arbitrariedad del turno. Mientras algunos funcionarios piden todos los documentos, otros sólo algunos se limitan al básico lo que genera inconsistencias y también demoras dado que el pasajero no sabe qué presentar o qué tener a la mano al momento del control. A siete meses de iniciada la pandemia, en algunos aeropuertos recién las autoridades comienzan a instalar información en los terminales aéreos.

    El control está limitado a la toma de temperatura (sólo cuando llega al mostrador) y a la solicitud de los papeles, además del formulario electrónico que se supone debe estar en línea con los registros del Estado para asegurar el control. Sólo ese formulario electrónico controlado por escáner sin la necesidad de un control físico debiera bastar para viajar de persistir la restricción de la aduana sanitaria.

    Además de la burocracia, también se cuestiona la efectividad del control. ¿De qué sirve tener un control en el interior del aeropuerto cuando para acceder a este el pasajero ya ingresa por el terminal y chequea su equipaje sin que nadie controle aspecto tan básico como la temperatura? En la mayoría de los aeropuertos pasajeros y acompañantes ingresan sin control alguno a las instalaciones, por lo que perfectamente una persona enferma o a la espera de su resultado PCR puede recorrer las instalaciones. En esas circunstancias el control no es efectivo. Ocurrió en Concepción, donde un pasajero ingresa al terminal aéreo mientras espera el resultado de su examen PCR para COVID-19 que estando en el propio aeropuerto es notificado de su positividad obligando a desalojar y sanitizar el recinto con las pérdidas, riesgos e incomodidades que significa para los usuarios y las operaciones aéreas.

    Soluciones parciales, inconsistencias y ausencia de estandarización

    A siete meses de pandemia con restricciones irregulares, medidas confusas y sólo por denuncias en los canales de televisión, las autoridades del Estado reaccionan. Ahora, los pasajeros deben llegar con el pasaporte sanitario virtual para pasar el control sanitario para medir su temperatura y obtener el papel-volante para viajar. Si no tienen el documento virtual deben llenar el formulario físico. Ambos son considerados como declaración jurada por lo que su falseamiento obliga a las personas a someterse a lo dispuesto en la ley.

    Al eliminar la revisión de los documentos, las autoridades esperan que el tiempo de control se reduzca significativamente a uno o dos minutos como máximo. Sin embargo, no hay referencia al tiempo de espera en fila. Adelantan que después del feriado de Fiestas Patrias, podrían venir nuevas medidas. La revisión de documentos se reemplazaría por controles aleatorios en las salas de embarque.

    Fotografía – Ricardo J. Delpiano

    Sin embargo, los cambios aplican sólo para el aeropuerto de Santiago. En regiones, la situación continuaría igual generando los mismos problemas que se presentan hasta el día de hoy de largas esperas y filas interminables de personas agrupadas en los corrales dispuestos. En ese sentido, se vuelve a las autonomías de cada SEREMI lo que recuerda las inconsistencias y diferencias de protocolos que desde el inicio de la pandemia afectan a las operaciones aéreas.

    En ese sentido, cuesta entender que mientras el resto de los países del mundo avanzan hacia una mayor estandarización de los procesos aeroportuarios y también de salud, Chile tome decisiones contrarias que promueven la inconsistencia de las medidas mientras existen mecanismos y tecnología para agilizar los procesos sin comprometer la seguridad sanitaria. A medida que más se conoce el comportamiento del virus los controles preventivos pueden ser armonizados, especialmente cuando la industria aérea tiene desde hace meses protocolos estandarizados diseñados bajo lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que garantizan que los viajes en avión sean seguros.

    A nivel de industria aérea, no se entiende la falta de decisión para asegurar procesos rápidos, transparentes y estandarizados en sintonía con las mejores prácticas a nivel mundial. En ese sentido, cuesta comprender la aplicación de medidas sencillas por parte de un gobierno en un país que por años destaca internacionalmente por su liderazgo y visión en políticas pro-aviación.

    En los plazos más inmediatos, urge contar con medidas razonables, no invasivas de bajo costo que permitan garantizar la salud y la necesaria recuperación de la economía en un país afectado por la pandemia y por una crisis política-social pendiente de solución. Lo anterior, es fundamental para reducir y detener lo más posible la pérdida de empleos y devolver la libertad de las personas.

    Dado que es una realidad de que la vacuna contra el COVID-19 no estará disponible hasta mediados de 2021, las sociedades deberán obligatoriamente a convivir con el virus. Muchos países ya funcionan con esa realidad y están reactivando su transporte aéreo y su economía, incluyendo el turismo. Para ello, es fundamental la cooperación y coordinación efectiva con las autoridades del Estado con medidas que deben revisarse permanente y bajo conocimientos científicos para disminuir cualquier daño adicional.

    La exigencia de pruebas PCR negativas para COVID-19 para los viajeros pareciera ser la medida más efectiva adoptada por distintos países para resguardar aún más la seguridad sanitaria. Su aplicación masiva permitiría no sólo dar tranquilidad a los pasajeros y todos los usuarios del sistema aeronáutico, sino que también facilitaría la trazabilidad que buscan las propias autoridades de Chile.

    Fotografía portada – Simón Blaise

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