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    Groupe ADP y Vinci Airports demandan a Chile ante el CIADI por negativa del MOP a extender contrato del aeropuerto de Santiago

    Como resultado de la negativa del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de abrir la posibilidad a conversar una eventual extensión del contrato para compensar a la administración del aeropuerto de Santiago de las pérdidas ocasionadas por la pandemia del COVID-19, los socios franceses de Nuevo Pudahuel integrados por Groupe ADP (Aéroports de Paris) y Vinci Airports inician un proceso de reclamo contra Chile ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI). La situación muestra un nuevo escalamiento del conflicto que se manifiesta desde el año pasado, cuya mayor visualización, amenaza la imagen que Chile viene construyendo en términos de seguridad y confiabilidad para inversiones.

    El CIADI es un organismo de arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. Es una entidad reconocida por los países para el arreglo de diferencias entre inversionistas y los Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, contratos y legislación en materia de inversión. Las disputas internacionales se resuelven principalmente mediante un arbitraje por lo que la decisión del tribunal que se conforma es vinculante u obligatoria para las partes.

    Groupe ADP y Vinci llevan a Chile ante el CIADI apelando al Convenio entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de Francia sobre la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. Para los socios que controlan respectivamente el 45% y 40% de Nuevo Pudahuel, la falta de apertura del MOP para iniciar un diálogo en lo que respecta extensión del contrato de concesión y solucionar el desequilibrio económico ocasionado por la pandemia no representa una adecuada protección de las inversiones. El reclamo ante el CIADI está informado al Presidente de la República Sebastián Piñera.

    “Los efectos de la pandemia y la negativa del Estado en restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión, sin embargo, han causado estragos inesperados que no solo no permitirán mayores inversiones, sino que ponen en riesgo la operación del aeropuerto. Es nuestro parecer que Chile no ha cumplido con sus obligaciones de protección de la inversión extranjera bajo el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la promoción y protección recíprocas de inversiones”, dice Fernando Etchegaray, CEO de Groupe ADP International, en La Tercera (20/01/2021).

    Nuevo Pudahuel pierde en 2020 alrededor de US$37 millones producto de las restricciones impuestas por el propio Gobierno de Chile, incluyendo el cierre de fronteras que llevan a una drástica caída de la demanda y la pérdida de rutas internacionales, además la reducción significativa del número de frecuencias. Las últimas decisiones de la autoridad chilena representan un agravamiento del conflicto que se extiende ante la falta de soluciones y el avance de la pandemia. De hecho, la prohibición de vuelos con el Reino Unido que mantiene a British Airways fuera del mercado chileno por decisión gubernamental es una muestra de las afecciones.

    Para la mayor concesión de la obra pública en Chile que involucra montos entre US$900 a US$1.000 millones de inversión, las restricciones de viaje impuestas por el Gobierno y la ausencia de ayudas como ocurre en otros países, tienen comprometida la liquidez de la empresa. Según Nuevo Pudahuel, la extendida situación y un escenario altamente volátil y adverso amenazan con producir la quiebra sociedad concesionaria. Por lo mismo, insisten en un pronto acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas.

    “Estamos acudiendo a todas las instancias posibles para llegar a un acuerdo amistoso con el Estado de Chile, y por eso llevamos 10 meses explicando en detalle al Ministerio de Obras Públicas las graves consecuencias que esto implicará para el transporte aéreo, la economía y la conectividad del país. La quiebra de una concesión y, más aún, del aeropuerto más importante de Chile, nunca ha sucedido. El proceso sería lamentable y de una duración de años, provocando profundos daños al país, a los usuarios y a los inversionistas”, agrega el directivo de Groupe ADP.

    Para impulsar el modelo de negocios en el aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel necesita de un incremento del tráfico aéreo y la llegada de nuevos operadores, los que favorecen a un aumento del número de pasajeros embarcados. Por consiguiente, cualquier afección al transporte aéreo representa una limitante cuyo impacto también se traslada al Estado de Chile. Mientras más pasajeros moviliza Nuevo Pudahuel más se beneficia Chile y su sociedad. La concesionaria tiene que aportar el 77,56% del total de ingresos generados al fisco que a la fecha se traduce en aportes por más de US$1.000 millones.

    La falta de ingresos compromete el pago de las deudas con los bancos que financian el proyecto, principalmente de construcción donde se enfocan los recursos. Actualmente, la obra avanza de acuerdo con el cronograma establecido encontrándose a un 90% de avance y se espera que inaugure en el segundo semestre 2021.

    El MOP descarta su responsabilidad y critica la objeción de medidas generales adoptadas en todo el mundo por las razones sanitarias. También critica la imputación a Chile de la vulneración de un tratado internacional por no aceptar beneficios económicos a un concesionario que no están contemplado en el contrato de concesión.

    Si bien las restricciones impuestas por Chile se dan también por parte de otros Gobiernos en el mundo, muchos también acuden a compensar las pérdidas con ayudas económicas porque reconocen el impacto y el valor de la aviación. La industria de las líneas aéreas y de los aeropuertos señalan que las ayudas son necesarias por las afecciones que producen las decisiones gubernamentales en sectores estratégicos para el funcionamiento de los países. Conscientes de las diferentes realidades de los países, las ayudas que se piden se dan en distintos mecanismos y se aclara que no son beneficios para las utilidades de las empresas.

    En el caso particular de Nuevo Pudahuel, la extensión del contrato de concesión aparece como el mecanismo más conveniente para las partes porque no se solicita ayudas económicas directas al Estado, sino que se busca una fórmula de mercado para compensar bajo el normal funcionamiento de la operación. La extensión del contrato permite mantener las obligaciones con el Estado, beneficiando a este como a toda la cadena asociada al funcionamiento el aeropuerto y de los requisitos que establece la licitación, cuyo impacto favorece la protección de los empleos directos e indirectos.

    La apelación al Estado responde a las responsabilidades que este tiene en el sistema de concesiones como garante de las inversiones. Cabe señalar que por Ley de Concesiones, es este quien tiene la responsabilidad de asegurar una recuperación de la inversión. En el capítulo VII artículo 28 ter. de dicha Ley se establece que el concesionario tiene derecho a una indemnización equivalente al valor de las inversiones realizadas, excluyendo gastos financieros y llevadas a un valor futuro. A esto se agrega un porcentaje del valor presente de los beneficios netos esperados del negocio concesionado.

    El Gobierno de Chile defiende su postura de solucionar el conflicto dentro de los canales definidos del contrato como el Panel Técnico del MOP (instancia ya recurrida en otras oportunidades por el concesionario del aeropuerto), los Tribunales de Justicia o incluso el arbitraje. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, ya advierte que si Nuevo Pudahuel no puede cumplir con lo contratado están las normas para su reemplazo.

    Haciendo referencia a las ayudas que los Gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Rumania y Rusia, entre otros, que entienden que la crisis y las consecuencias no tienen precedentes, el CEO de Groupe ADP lamenta la posición de Chile. “Nos asombra la posición del MOP que prefiere judicializar esta crisis, con todas las consecuencias que ello conlleva: un largo juicio, postergación de inversiones, y grandes costos para ambas partes”, expresa.

    La falta de ayudas económicas de parte de la administración de Sebastián Piñera a la industria aérea (líneas aéreas y aeropuertos) sorprende y también se cuestiona en el sector, por romper en cierta forma con el esquema de “alianza público-privada armoniosa” con el cual Chile viene trabajando por décadas y poner en riesgo la continuidad de la aviación, pese a su importancia para la conectividad y funcionamiento para el país.

    En América Latina y el Caribe, es la región que se caracteriza por realizar la menor cantidad de ayudas económicas por la pandemia. En lo que respecta a aeropuertos, Argentina y Brasil destacan por su proactividad en atender al sector. En 2020, el gobierno de Alberto Fernández extiende la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) por 10 años para compensar los daños provocados por la pandemia en la licitación de los 35 terminales aéreos que administra. Previamente, la administración de Jair Bolsonaro en Brasil, acepta las solicitudes de 10 concesionarios de aeropuertos para otorgar medidas que favorezcan la liquidez de las empresas como el aplazamiento del pago de las tasas de concesión, la posibilidad de renegociar pagos de cánones a lo largo del periodo concesionado u optar a ayudas estatales directas.

    Antes de entrar al litigio arbitral, Groupe ADP, Vinci Airport y el MOP tienen seis meses para explorar y encontrar soluciones a través del diálogo. Este es un proceso que el mismo CIADI otorga como parte de la solución de controversias antes de iniciar el proceso de arbitraje.

    Fotografía portada – Alfredo Vera

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