El aeropuerto de Ciudad de México (AICM, como se lo denomina en México) reducirá su competitividad. Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México los operadores deben reducir de 52 a 43 las operaciones de despegue y aterrizaje en cada aérea.
La decisión rige a partir de octubre y se conoce tras informes de la Dirección General del Aeropuerto de Ciudad de México, de los Servicios a la Navegación Aérea en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Los organismos señalan que la medida se toma para salvaguardar los estándares de servicio y seguridad de los pasajeros.
“El objetivo de esta reconfiguración permitirá al AICM brindar mejor nivel de servicio y atención al público usuario e instancias que ahí operan”, dice la SICT.
La medida es de carácter temporal, pero no tiene fecha de término. Sólo se indica que se mantendrá en tanto prevalezcan las condiciones de saturación del AICM continúen.
El estudio de la Dirección General del AICM indica que se sobrepasa el número máximo de pasajeros que pueden ser atendidos de manera óptima por hora. Esto, ocurre en cada edificio terminal en más de 25 ocasiones en el año.
Impacto
La nueva norma implicará que las líneas aéreas deberán cancelar vuelos o transferirlos a otros aeropuertos, como el Felipe Ángeles (AIFA). Esta última opción es la que persigue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La nueva terminal aérea de Ciudad de México (NLU) forma parte de su propuesta de campaña y que tras su construcción, necesita incrementar los niveles de tráfico para rentabilizar su operación.
La cancelación de vuelos afectaría nueva a las líneas aéreas mexicanas por ser las que tienen una mayor presencia en ese terminal aéreo. Actualmente, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús tienen sus principales operaciones desde el AICM por lo que deberían cancelar vuelos. Para compensar capacidad, posiblemente recurran a aviones de mayor capacidad, pero con menor cantidad de frecuencias, es decir, menos alternativas de viaje.
Con los Boeing 737-9, Aeroméxico está tomando la decisión de operar con aviones de mayor capacidad tras los últimos ajustes. Algo similar ocurre con los A321neo en Volaris y Viva Aerobus.
La decisión de transferir vuelos a otros aeropuertos no siempre está asegurada. Todo depende de la demanda. Actualmente, AIFA o Ciudad de México (NLU) tiene problemas para la conectividad terrestre con la capital. También tiene una escasa oferta de conexiones por lo que son pocos los incentivos para mover operaciones.
Sólo en el caso de Aeroméxico, por su modelo hub, necesita gestionar todos sus vuelos desde un solo aeropuerto. En las líneas aéreas de bajo costo (LCC, por sus siglas en inglés) lo anterior no aplica en forma tan tajante. La experiencia de los últimos años indica que al menos en América Latina si están recurriendo a las conexiones para ampliar su base de clientes.
Finalmente, la decisión arbitraria de transferir capacidad no siempre es favorable. El caso de Argentina con el cierre de El Palomar para vuelos de pasajeros quizás puede ser una excepción. En ese caso, a pesar de que la medida es arbitraria por un factor puntual y afecta la libertad de operación y de decisión de los consumidores, las líneas aéreas prefieren la operación en el Aeroparque por ser este más demandado y con un tráfico más rentable. Todavía existe la duda si la operación en el AIFA se ajusta a esa realidad.
Críticas
Para la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), la decisión se toma de manera unilateral y arbitraria. Señalan que en el mundo las reducciones de capacidad se hacen con procesos colaborativos entre las autoridades, los operadores y expertos para asegurar la previsibilidad y cumplir con los estándares de la industria. Además, indican que deben ser abiertos para garantizar transparencia.
Según el gremio local mexicano, las líneas aéreas respetan la capacidad autorizada de 61 operaciones por hora y que tras las conversaciones logran reducirlas a 52. Por lo tanto, la nueva reducción afecta la planificación futura. También desconocería los trabajos anteriores.
Desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) también hay críticas. Piden a las autoridades a buscar conjuntamente medidas alternativas que tengan en cuenta el impacto negativo para los pasajeros, las operaciones aéreas, la conectividad, el turismo y la competitividad.
“Esta decisión del Gobierno no tiene en cuenta los intereses de los consumidores ni respeta el procedimiento consultivo necesario con los operadores y usuarios, especialmente en el principal aeropuerto del país”, Peter Cerdá, vicepresidente Regional de IATA para las Américas. “Cuestionamos la metodología utilizada por SENEAM, AFAC y AICM para determinar la capacidad del aeropuerto”.
Desde la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), señalan que la medida en el AICM supone incertidumbre jurídica y afecta a la planificación de las futuras operaciones. También habrá daño a los pasajeros con cancelaciones de vuelos y posibles alzas de precios en los pasajes.
Fotografía portada – Simón Blaise