La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presenta una serie de recomendaciones al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia relacionadas con el acceso a la infraestructura del aeropuerto de Santiago. La propuesta busca las instalaciones estén siempre bajo condiciones competitivas para todos los usuarios.
Las recomendaciones nacen de una consulta realizada en abril de este año por Aerosan S.A. La empresa pide que al TDLC que se pronuncie respecto a la autorización a Menzies Agunsa Import Services para prestar servicios de importación en las terminales de carga.
La FNE identifica que hay diferencias en los costos que deben incurrir las empresas que prestan servicios en el aeropuerto para acceder al uso de la infraestructura. En ese contexto, Menzies Agunsa Import Services enfrentaría mayores costos mayores por los sitios que utiliza.
El problema se habría originado en los contratos del anterior concesionario del aeropuerto y que tienen efectos más allá de la duración de dicha concesión. El organismo fiscalizador señala que es posible descartar que las diferencias de costos tengan capacidad de generar distorsiones en la competencia.
Tres recomendaciones
Para asegurar un entorno competitivo, la FNE propone tres recomendaciones al TDLC. La propuesta busca mejorar el acceso a la infraestructura y garantizar de manera trasparente que todos los operadores funcionen con los mismos costos.
La primera recomendación busca que todos los contratos que exceden la duración de una concesión contemplen resguardos. De esta manera, quiere asegurar que las condiciones de acceso para otras empresas sean equivalentes y no discriminatorias en caso de cambie la concesión.
Otra recomendación es la creación de un repertorio público para informar todos los contratos celebrados entre la concesionaria y las empresas que prestan servicios (subconcesionarias). A través de esta herramienta, los interesados podrán contar con toda la información para participar en futuras licitaciones o realizar inversiones en el aeropuerto.
Finalmente, se sugiere una evaluación periódica de las excepciones a la obligación de licitar en las actuales Bases de Licitación (BALI) como en las futuras. Se busca que no incluyan servicios que no pueden ser prestados por cualquier interesado, ya sea por limitaciones de espacio u otras restricciones. También se solicita que los servicios se deben asignar de una manera competitiva a través de una licitación, además de presentar la mayor cantidad de empresas posibles.
Fotografía portada - Ricardo J. Delpiano