Pese a obtener un fallo favorable en abril, la batalla judicial de la industria aérea contra el gobierno de los Países Bajos continúa. Como es de esperar las autoridades políticas, apelan a la decisión para reducir la capacidad en el aeropuerto de Schiphol bajo la justificación del ruido.
La apelación ocurrirá el 21 de junio. Hasta ahora, la industria aérea mantiene la victoria de mantener las operaciones en el aeropuerto de Ámsterdam en 500.000 por año. Sin embargo, las autoridades políticas buscan reducirlas a 440.000 por año de manera permanente. La acción es una respuesta política a demandas de la población local, pero sin realizar los estudios correspondientes.
Si el gobierno gana, la reducción de capacidad afectará directamente las oportunidades de crecimiento de KLM como de muchas líneas aéreas de pasajeros y de carga. De aplicarse, generará un impacto negativo para las economías locales, los empleos y el desarrollo de las personas del país.
Se trata de otro ejemplo más de una especie de “fundamentalismo medioambiental” creciente en las clases políticas de todo el mundo que bajo la intención de proteger a la población terminarán dañándola. Algo similar a lo ocurrido con las políticas restrictivas impuestas durante el COVID-19 entre 2020 y 2021, principalmente.
Fuerte crítica en la Asamblea de IATA
En Estambul, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) hace un fuerte crítica al caso de los Países Bajos. Parte del discurso de Willie Walsh, director general de la Asociación, lo dedica al tema de la reducción de capacidad de Schiphol.
En el plenario, se indica que el caso de Schiphol es un ejemplo de problemas cuando las autoridades políticas no siguen los estándares globales acordados y estos no se implementan, según lo previsto.
“Ganamos un desafío judicial porque el gobierno (holandés) no cumplió con sus compromisos de décadas bajo el Enfoque Equilibrado de la OACI sobre la gestión del ruido. La consulta era una farsa y las restricciones operativas eran la primera opción, no el último recurso como exige el Enfoque Equilibrado”, sentencia Walsh.
Desde IATA reiteran el apoyo a KLM y el resto de las compañías aéreas. Agregan que seguirán defendiendo lo que corresponde ante lo que consideran un abuso por parte de las autoridades.
“Una industria centrada en la seguridad no puede aceptar la politización de las discusiones técnicas. Ignorar el orden basado en reglas establecido por los estándares globales es un pendiente deriva hacia la confusión que las líneas aéreas no pueden permitir y que nuestros clientes no tolerarán”, dice el director general de IATA. “El mensaje es simple. Los estándares globales son clave. Cuando se aplican por completo, mejoran la seguridad e impulsan los beneficios para el consumidor, la eficiencia operativa y los esfuerzos de sostenibilidad”.
Por su parte, Marjan Rintel, CEO de KLM señala que hay confianza en la apelación por los argumentos técnicos y estándares globales acordados. Junto con otros operadores esperan tener una audiencia justa. Asimismo, insiste que de acuerdo con la OACI, la reducción de capacidad debe ser el último recurso que se aplique para mitigar el ruido.
La intención y error del gobierno holandés
La reducción de capacidad en el aeropuerto de Schiphol es de carácter experimental. La propone el ministro de Agua e Infraestructura, Marc Harbers atendiendo presiones de algunos residentes que se quejan por el ruido. A estas se agregan la “preocupación” por las emisiones de CO2 y el cambio climático, pero no son motivo principal de la solicitud del recorte.
En junio de 2022, Harbers envía una carta al presidente de la Cámara de Representantes en La Haya. Junto con señalar la molestia del ruido, el propio titular de la cartera dice que no ha investigado el tema y menos establece un criterio objetivo.
De acuerdo con las normas europeas, el Estado sólo puede reducir el número de movimientos de aeronaves en un aeropuerto después de pasar por un proceso cuidadoso. Para que se pueda determinar una medida de esas características se deben completar los siguientes pasos: el Estado debe identificar todas las medidas posibles para reducir la contaminación acústica; luego debe consultar a todas las partes interesadas y sólo se procede si las partes están claras de las medidas de mitigación son insuficientes.
El juez en su fallo dice que el Estado holandés no sigue el procedimiento. Por lo tanto, el gobierno no puede proceder con su interés, el cual es estrictamente político.
Fotografía portada – Schiphol Airport