En el verano de 2017, los mega incendios forestales devastan cerca de 467 mil hectáreas en la zona centro-sur de Chile. El impacto medioambiental y emocional, más la operación forzada de nuevas aeronaves con capacidades nunca demostradas en el país, dejan en evidencia la falta de plataformas disponibles para combatir este tipo de catástrofes. En ese entonces, se considera que el punto de inflexión en la materia llega, lo que finalmente no ocurre.
Se dice que toda crisis es una oportunidad. Sin embargo, a la luz de los hechos que presentes actualmente, pareciera que Chile nuevamente la pierde. Los siniestros simultáneos en el centro-sur del país nuevamente han puesto de manifiesto que el Estado se queda atrás. Por ejemplo, a diferencia de otras temporadas, no se consideran aeronaves fundamentales para la labor como el Erickson S-64 que con una capacidad de descarga de 10.000 litros puede apuntar el agua directamente a los focos. Su efectividad es del 100%, según informes de la propia Corporación Nacional Forestal (CONAF).
El plan para el combate de incendios parece “quedar corto” ante la magnitud. Como en 2017, la falta de recursos -no porque no existan o no estén disponibles- para atender adecuadamente las emergencias obliga a la búsqueda de soluciones a último minuto a través de gestiones directas del propio Estado y la cooperación de los privados. No obstante, se debe precisar que la actual administración realiza contactos previos con la empresa 10 Tanker para reservar una posible capacidad adicional en caso de una emergencia, lo que finalmente ocurre.
El patrón se repite en Chile. Como cada temporada, la fuerza de combate de incendios forestales de la llamada temporada 2022-2023 considera aeronaves y recursos de la propia CONAF más capacidades complementarias a través de licitaciones a privados. El sistema funciona no hay duda, dado que el Estado no tiene la capacidad por sí sólo para atender la cantidad de incendios que se registran, sin embargo, contratos millonarios con empresas privadas convierten al combate de incendios forestales en un negocio seguro para quienes postulan.
Para las empresas dedicadas al combate de incendios forestales, conseguir estos contratos es fundamental para la supervivencia de su negocio. Por ejemplo, atendiendo lo mediático del Mc Donnell Douglas DC-10 de 10 Tanker, la misma empresa reconoce que hay periodos con muchos incendios que son favorables y cuando hay menos temporadas la situación se vuelve lo contrario. Dado que hay costos que atender y sueldos que pagar, cualquier compañía necesita recursos.
El costo de arrendar el 10 Tanker por 14 días es de CLP1.800 millones (US$2,3 millones) que se paga con recursos de CONAF. Si se extiende el uso por día se debe pagar CLP52 millones (US$65.000). A estos valores se debe agregar el costo de la hora de vuelo, el combustible y la tripulación. Un ejercicio similar se repite con otras empresas, cuyos valoren varían según el tiempo, aeronaves, recursos, personal a utilizar.
El (parcial) punto de inflexión
Con el uso de aeronaves de combate de incendios de gran capacidad, para especialistas en el área y los operadores aéreos, 2017 es un año de inflexión. Sin embargo, este no produce el cambio necesario, salvo en la consideración de aeronaves con gran capacidad de descarga, pero el modelo sigue siendo el mismo: trabajar en un plan basado en una proyección y a través de millonarias licitaciones.
La situación actual nuevamente pone en relevancia que Chile, como país propenso a las emergencias, no puede seguir manteniendo su actual estructura y recursos. Tampoco puede depender de una burocracia compleja en la que la institución a cargo, no tenga la capacidad para actuar en forma propia, y menos criterios políticos se privilegien por encima de lo técnico.
Al respecto, hay dos temas en los que se deben trabajar con urgencia. El primero, es la postergada decisión de comprar material aéreo para el combate de incendios forestales propio del país. Un aspecto que probablemente genere oposición entre los contratistas privados, pero es necesario para asegurar un despliegue de contraofensiva ante la aparición de siniestros sin depender de la espera de la llegada de aviones o helicópteros que se traduce en pérdida de tiempo, de flora y fauna, así como vidas humanas.
Otro aspecto a trabajar es la institucionalidad. Si bien CONAF es efectiva en su trabajo necesita de un marco regulatorio más eficiente y con capacidad de tomar decisiones sin depender de una burocracia de otros organismos o entidades.
El cambio institucional es un tema que se viene repitiendo entre los expertos desde los mega incendios de 2017. Si bien no niegan la labor realizada, todavía hay puntos que merecen mejorar como la coordinación. Para ello, es fundamental avanzar hacia una autoridad con amplias facultades ante el desastre que debe estar siempre asesorada por un panel técnico que, además, reconozca la labor del sector privado por ser actores fundamentales ante un siniestro.
Para que el punto de inflexión realmente ocurra urge una mirada de Estado con proyección a largo plazo. Lamentablemente, el deterioro político de Chile en los últimos años con una clase política desinformada, cortoplacista -y hasta farandulera-, más una creciente polarización ideológica dificultan una correcta toma de decisiones. Por el momento, la única conclusión es que los trabajos que Chile debe realizar son bastantes y están pendientes.
Fotografía portada - Luis Colima