Los gobiernos argentinos no aprenden. Pese a los esfuerzos de la industria aérea por establecer políticas aeronáuticas favorables para estimular el desarrollo socioeconómico del país a través de la aviación, el gobierno de Alberto Fernández establece un nuevo impuesto a los viajes. Ahora, los pasajeros de cabotaje y vuelos internacionales deberán pagar una tasa nueva “tasa de seguridad” cuyo objetivo es financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la seguridad del transporte aéreo civil es responsabilidad del Estado. Por lo tanto, es este el que debe cubrir su costo sin trasladárselo al pasajero.
Actualmente, un boleto emitido en Argentina en pesos tiene un total de siete (7) tasas e impuestos. Los gravámenes del Estado son: la tasa de uso de aeropuerto (US$57), tasa de migraciones y aduana (US$10), tasa de seguridad (US$8), impuesto a las ganancias (45%), impuesto país (30%), retención al impuesto a las ganancias (5%) y el impuesto de la dirección nacional de turismo (7%) + 25% dólar Qatar, y ahora el impuesto PSA. Argentina es el país con mayores cargas impositivas para el pasajero.
De acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el 54% del valor de un boleto aéreo que paga el pasajero en Argentina son tasas aeronáuticas. Indica además que en lo que corresponde a las operaciones de las líneas aéreas, se paga más en Argentina que en otros países de la región. Los costos de navegación aérea son ocho veces más caros que en Chile y los costos de aterrizaje son el triple que en Paraguay para una aeronave Airbus A320.
“Esta política recurrente de gravar a la industria se está haciendo insostenible”, sentencia Peter Cerdá, vicepresidente de IATA para las Américas. “La aviación ha demostrado su compromiso con el gobierno para trabajar en conjunto, con efectividad y visión en la sostenibilidad del transporte aéreo en Argentina tras la pandemia, donde nuestros pronósticos estiman la recuperación de los niveles 2019 para el 2024. Pero en lugar de facilitar este proceso, el gobierno impone más obstáculos”.
Un rechazo similar realiza la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Concuerda con IATA que Argentina es el país que más castiga a los viajeros a tal nivel que en algunos casos los impuestos representan el doble de la tarifa.
Los usuarios también dan cuenta del alto gravamen y como la administración pública carga contra la población, sin que necesariamente sea beneficiada. La congestión en los aeropuertos en procesos críticos es importante y lenta, además de que algunos servicios no están disponibles, lo que se en su conjunto afectan la experiencia. “Compro un pasaje para mí, compro otro para algún funcionario del Estado”, es una opinión transversal que se encuentra entre los viajeros.
“La tarifa del tiquete aéreo es la gran puerta de entrada a los países. Pensando de manera sistémica, todo empieza con la búsqueda de los tiquetes. Si el costo es alto o más alto que otros destinos, el pasajero podría decidir no viajar o elegir otro lugar. Es una realidad. Por ello, a pesar de los esfuerzos que vienen realizando hace años los operadores en la región por hacer sus costos operativos más eficientes para trasladar esas eficiencias a los usuarios, vemos una realidad compleja que son los múltiples impuestos, tasas y fees que encarecen la tarifa final que ven y deben asumir los pasajeros”, comenta Jose Ricardo Botelho, director ejecutivo de ALTA.
Experiencias en el mundo y en la región latinoamericana muestran que aquellos países que reducen los impuestos a los viajes o al transporte aéreo consiguen incrementar el número de pasajeros y atraen más turistas, eventos y negocios. Todas estas actividades generan consumos que pagan sus respectivos impuestos por lo que se puede aumentar la recaudación por otras vías sin castigar a los usuarios.
Además, por cada empleo que se crea en la actividad aérea como resultado de una expansión de esta por una mayor demanda favorece la generación de tres o cuatro puestos de trabajo adicionales. De esta manera, hay un círculo virtuoso derivado de la aviación que genera beneficios socioeconómicos para la población.
ALTA postula que subir la tarifa final del tiquete incrementa las barreras de entrada al país, la posibilidad de la población trasladarse en el medio más seguro y eficiente dentro de sus fronteras, resta la competitividad frente a otros destinos que comparten la visión de facilitar el ingreso a los viajeros. Enfatizan que la aviación dejó de ser un lujo para ser un servicio esencial.
“El medio de transporte más inclusivo en la sociedad y un medio fundamental en Latinoamérica y el Caribe. La lógica económica demuestra que cuanto menos se grava este sector, más posibilidades de crecimiento tiene y más desarrollo genera en el país, porque hay más personas volando, más desarrollo de infraestructura, más empleos y más bienestar social”, sentencian desde esa Asociación.
Para la organización latinoamericana, el impuesto adicional afecta aún más la competencia del país. Además, enfatizan que pierden grandes oportunidades, especialmente en momentos desafiantes como la actual crisis.
“Existen buenas prácticas y ejemplos concretos que demuestran cómo una tributación equilibrada y eficiente atrae viajeros internacionales y nacionales, activa múltiples industrias y genera mayores ingresos para el Estado y la población. Es importante recalcar que aviación es una de las industrias más agravadas mundialmente y en Argentina lo es aún más”, resalta Botelho.
“Aprobar dos nuevas tasas en tan solo dos semanas es un golpe paralizante para la industria y principalmente para todos los ciudadanos. Argentina ya está plagada de impuestos y tasas injustificables que perjudican la demanda de los viajes aéreos y en definitiva inhiben el desarrollo del país”, añade Cerdá.
Fotografía portada – Ricardo J. Delpiano
