Mientras el mundo sigue volviendo a la normalidad, la vida en Chile parece haberse quedado atrás. A las engorrosas medidas de ingreso, se suman también restricciones en la vida diaria, la mayoría reducidas a la exigencia de un pase con el cual el Estado obliga a la población a tener su estado de vacunación al día o en caso contrario los privan de una serie de actividades. Si el “Pase de Movilidad” no está al día no se puede viajar en medios de transporte público, pese a estar sano.
A un mes de la posible apertura de Isla de Pascua, entre 100 y 200 pasajeros se ven impedidos de tomar el único vuelo humanitario de LATAM que está disponible para el traslado de los isleños. La razón no es falla de la línea aérea, ni tampoco de los pasajeros. Simplemente, los agentes del Ministerio de Salud no se encuentran presente para tomar las pruebas COVID-19 que se exigen para ir a la isla. La situación motiva el enojo de los pasajeros que por falta de coordinación y la redundante burocracia estatal impuesta por la pandemia pierden el vuelo.
Desde marzo 2020, Isla de Pascua está cerrada para los visitantes, incluso para los propios chilenos, pese a estar dentro del mismo territorio. Los locales -como aquellos que sean calificados para viajar- deben cumplir una cuarentena de cinco días a la llegada en el domicilio declarado independiente si estén sanos y tengan su “Pase de Movilidad” vigente, además de confinar a todos los miembros del lugar.
Antes de viajar, todos los pasajeros calificables deben presentar una prueba negativa PCR con 48 horas de anticipación previas al embarque en el aeropuerto de Santiago que será revisado por los agentes estatales del Ministerio de Salud y que nuevamente serán chequeados al aterrizar en Hanga Roa. Además, todas las personas independiente de su resultado PCR y de tener su “Pase de Movilidad” habilitado, son sometidas a otra prueba de antígeno antes de abordar del avión. Dicho test es el que provoca la pérdida del vuelo porque el personal del Ministerio de Salud no está presente en la terminal.
LATAM opera un vuelo semanal entre Santiago e Isla de Pascua con Boeing 787-9. El servicio está calificado como humanitario porque sólo está abierto para los isleños para que puedan mantener comunicación con el continente. Además, sirve para el transporte de carga. Supuestamente, cuando se abra la isla para el resto de los ciudadanos y los turistas, las frecuencias aumentarán hasta tres vuelos por semana, muy inferiores al vuelo diario existente hasta marzo 2020.
La línea aérea se desmarca del impase. Cualquier compañía en el mundo, no es su responsabilidad de la situación de los pasajeros y del cumplimiento de funciones de organizaciones externas como controles. Por lo mismo, la operación se realiza en el horario estipulado. De acuerdo con declaraciones de prensa, el Ministerio de Salud iniciaría una investigación interna para determinar por qué su propio personal encargado de cumplir la normativa que la misma autoridad coloca no está presente a sabiendas del itinerario del vuelo.
Lo sucedido es un bochorno para Chile que sigue destacando por tener drásticas restricciones a su población, pese a tener una de las tasa de vacunación más altas (sobre el 91%) y aplicar cuatro dosis con una quinta en evaluación, único país que lo hace de manera obligada con vacunas experimentales. A dos años de iniciada una pandemia y con una enfermedad de carácter endémico -como muchas otras que afectan a la humanidad-, no hay razón alguna para mantener las restricciones y menos la descoordinación burocrática presente desde hace dos años.
La situación con los pasajeros a Isla de Pascua sienta otro pésimo precedente para un país que lucha por reactivarse, pero parece gustar la sumisión a la burocracia y al control excesivo. En el sector turístico hay temor ante la apertura de la isla en agosto. Si descoordinaciones pasan con un vuelo semanal, advierten que de repetirse el impacto sería mayor con un escenario similar a los primeros meses de la retrasada apertura de fronteras.
Fuera de Chile la opinión para hacer turismo no es la mejor. Si bien los extranjeros valoran los paisajes y atractivos del país, ven poco amigable ir un lugar donde para entrar tienen que realizar trámites previos únicos en el mundo -como la homologación de vacunas- y someterse a un “Pase de Movilidad”, además de seguir aceptando aforos o políticas carentes de lógica.
Las medidas impuestas por la pandemia deben terminar. Mientras en Europa, África, Norteamérica e incluso un creciente número de países en Sudamérica ya viven y viajan con total normalidad, incluso sin la obligación de usar mascarillas (barbijos) en los aviones, no se entiende por qué otros países deben mantenerse controles para un virus que similar para todo el mundo. Da la sensación que parece existir una enfermedad propia para Chile.
En su última Asamblea General, la Asociación General de Transporte Aéreo (IATA) indica que hay tres lecciones claves que deja la pandemia del COVID-19: los cierres de fronteras confirman una vez más que no son efectivos; los Gobiernos deben realizar un balance entre el impacto de las medidas que se colocan bajo el argumento de la salud y el bienestar económico de la población; y la necesidad de tener reglas estandarizadas, coordinación y una comunicación clara.
En Chile, parecen que esas lecciones no se aprenden o no se quieren aprender. Todavía existen restricciones de fronteras, con la prohibición de que algunas ciudades tengan vuelos al exterior, se aplican medidas burocráticas que no aportan al supuesto manejo sanitario que se quiere dar, y los protocolos son engorrosos, largos y poco claros, además de tener una comunicación escasa y poco efectiva que no ayuda a las personas. Lo anterior, sin mencionar la excesiva predominancia de las políticas sanitarias que continúan afectando la recuperación de empleos y de la economía, especialmente de los menos favorecidos como las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
En un escenario de alta incertidumbre política, económica, inflación y un tipo de cambio alto, la reactivación es una necesidad imperiosa. Si bien en los últimos dos años, la industria aérea local realiza gestiones para flexibilizar las draconianas medidas colocadas en Chile, hoy la cruzada parece estar abandonada -al menos públicamente- cuando todavía queda mucho por hacer. La ayuda parece estar más en organismos internacionales y sectores específicos más que en un esfuerzo conjunto.
Para que la reactivación de la aviación y los viajes que dan sustento a miles de familias y benefician a todo un país, urge que el sector retome y refuerce los trabajos para volver a la normalidad. Si bien se entiende que puedan existir cuestiones propias de cada empresa, estas no deben olvidar que su foco está siempre en los clientes quienes dan sustento a toda la cadena con la que funciona la industria.
Fotografía portada - Simón Blaise O.