A pesar de que desde 2021 a la fecha, LATAM consigue una recuperación gradual de sus operaciones, la compañía reconoce que su desempeño financiero está bajo en comparación a las proyecciones iniciales. En la última junta de accionistas, la situación de la empresa sigue siendo cuestionada, pese a recibir la aprobación del juez James Garrity para que una clase de acreedores voten su plan de reorganización.
En su presentación Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines, reconoce que la recuperación de la empresa “ha sido errática y más lenta de lo esperado”. No obstante, explica que la situación sigue la tendencia de la industria aérea, principalmente determinada por las restricciones de movilidad y cierres de fronteras, pese a existir un mayor interés por viajar. Afirma que la recuperación de capacidad, medida en asientos disponible por kilómetro (ASK, por sus siglas en inglés) alcanza al 70% promedio entre todos los mercados en los que opera.
Para el presente año, el conflicto en Ucrania, su potencial impacto en la economía mundial, especialmente en el precio del petróleo, son temas preocupantes para LATAM. A esto se agrega, la alta incertidumbre política en varios países de la región. En ese sentido, la proyección que se realiza para el futuro inmediato sigue siendo un entorno altamente volátil.
LATAM espera volver a su nivel de rentabilidad pre-pandemia recién en 2024 y superarla a partir de 2025. En la presentación dada a conocer en la junta de accionistas, se muestra que los niveles de ASK de 2019 se obtendrán recién en 2024 y para 2026 un crecimiento de 7% respecto a 2019.
Con fuertes medidas de reestructuración de costos por más de US$900 millones por año y un aumento de la variabilización de estos, de un 65% en 2019 a un 80% a 2022, la línea aérea espera hacer frente al cambiante escenario local e internacional. Para 2024, proyecta un costo por asiento-kilometro (CASK) US$3,3 centavos con ciertas operaciones domésticas bajo esa cifra. Su CEO indica que es algo “muy competitivo para una línea aérea full-service”.
LATAM continúa calificándose como una línea aérea legacy, pese a que desde hace años su funcionamiento es híbrido. Su ubicación dentro del espectro aeronáutico pareciera que sigue siendo un problema para la compañía en la forma como comunican o sinceran su propuesta comercial a los clientes. Se trata de un asunto no resuelto desde hace 15 años cuando la línea aérea comienza con la transformación de su modelo de negocios.
Situación en el Capítulo 11
Destacando los avances bajo el Capítulo 11, LATAM valora la aprobación de su declaración de divulgación lo que le permite solicitar los votos de los acreedores. La compañía y sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y los Estados Unidos notifican a la Corte en los Estados Unidos que extienden el plazo del proceso de solicitud de votos para los bonos emitidos en Chile e inscritos en el Registro de Valores números 862 y 921 de 2017 y 2018, respectivamente, hasta el 06 de mayo de 2022. Salvo la extensión mencionada, el 02 de mayo de 2022 sigue siendo el límite para la solicitación de votos de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal.
Alvo explica que el plan de reorganización cuenta con el 67% de los bonos internacionales, pero menciona que se está en un proceso de mediación judicial con tenedores de bonos locales representados por BancoEstado, por los comentarios que han manifestado.
El plan de reorganización requiere del apoyo de los stakeholders para salir del Capítulo 11, pero sólo precisa ser votado por los principales acreedores (una clase de estos) para su confirmación y salir del proceso de protección judicial. Para su implementación si se requiere el apoyo de los accionistas (mayoría absoluta de quienes estén presentes al momento de votar). Dicho apoyo permitirá acarrear el aumento de capital propuesto y la emisión de bonos convertibles.
La nueva estructura de LATAM establece que acreedores tendrían el 66% de la propiedad. Los actuales accionistas pasarán a tener sólo un 34% de la empresa. Esta sería la conformación de la empresa a partir del segundo o tercer trimestre de 2022. La compañía espera salir del Capítulo 11 a fines de 2022, un año más tarde de lo inicialmente previsto.
Al 31 de diciembre de 2021, LATAM reporta una pérdida por US$4.647 millones y un patrimonio neto negativo por más de US$7.056 millones.
Cuestionamientos de accionistas minoritarios
La última junta de accionistas está marcada por más cuestionamientos a la gestión de la empresa, no sólo en lo que concierne al Capítulo 11. En esta oportunidad de hace mención al endeudamiento alcanzado en los últimos años y al rol de los auditores. En comparación con otras juntas, también aumentan las voces disidentes que manifiestan su opinión contra la actual administración.
En la última sesión, algunos accionistas minoritarios manifiestan oposición a la renovación de la auditoría que realiza PriceWaterHouse Coopers (PwC). Jaime Fernández es el primero en tomar la palabra al respecto por la periodicidad de trabajo de esta compañía argumentando que no se conocen en detalle las horas de trabajo y el detalle de este que realizan. Por no existir mayores detalles a los accionistas, rechaza la continuidad de esta empresa.
Una posición y acción similar la realiza Jorge Said Yarur. Señala que desde 2016 viene advirtiendo a los controladores de un sobre endeudamiento de la empresa. Pregunta por qué los auditores no hacen las advertencias correspondientes a los accionistas.
René Aravena, por su parte, manifiesta que los accionistas minoritarios no cuentan con toda la información. Tomando como referencia la junta de abril de 2020, manifiesta su desconcierto por la decisión de LATAM de acogerse al Capítulo 11 después de un año anterior fructífero. Cuestiona por qué en las juntas no se hablan de PwC en los balances del directorio, agregando que existe una discriminación de los accionistas mayoritarios a los minoritarios y un blindaje de la compañía.
Considerando los balances expuestos, Said Yarur insiste que el Capítulo 11 “es una quiebra camuflada”. Desde su perspectiva, el COVID-19 es una especie de “guinda de la torta” de un proceso más complejo de años anteriores y que es utilizado para reestructurar la empresa. Asegura que el proceso ha perjudicado a accionistas, tenedores de bonos y bancos nacionales. En ese sentido, discute la imagen de responsabilidad social empresarial (RSE) asumida por LATAM si esta no es capaz de cumplir con sus propios accionistas.
Otro tema puesto en duda es el rol de Costa Verde Aeronáutica (CVA), empresa del grupo Cueto. Para los accionistas minoritarios esta compañía es históricamente la verdadera controladora de LATAM y a la que le reclaman la situación de la empresa que -desde su parecer-, no es el adecuada.
René Aravena, manifiesta que CVA no está en la situación financiera de la línea aérea ni sus accionistas y no entiende por qué esta empresa se sale de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, mientras que LATAM sigue respondiendo en ese organismo. En su testimonio, dice que PwC entrega información parcial a los accionistas y CVA como controlador “ha hecho un muy mal trabajo”, exponiendo las 70 demandas que LATAM recibe en distintas partes del mundo durante los últimos años.
La CMF es un organismo público descentralizado de Chile. Tiene un carácter técnico y fiscalizador, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene un rol como organización supervisora de entidades que participan en el mercado financiero chileno como las sociedades anónimas, compañías de seguros, Bolsas de Valores e intermediarios, fondos mutuos y sus administradoras, entre otras.
Fotografía portada - Simón Blaise O.