A última hora del lunes 21 de marzo, juez James L. Garrity de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aprueba la declaración de divulgación (disclosure statement, como también se conoce al documento) de LATAM Airlines. De esta manera, la línea aérea anota un paso importante en su proceso dentro del Capítulo 11 para que sus acreedores puedan votar el plan de reorganización propuesto.
Hasta la semana pasada, la decisión del juez respecto a la declaración de divulgación está en la incertidumbre, ya que el juez podía fallar en cualquier momento, teniendo como tope mayo de este año. Por lo mismo, la aprobación otorgada sorprende y favorablemente a la empresa, aún cuando las posicione críticas de los accionistas minoritarios y bonistas locales continúan generando ruido público.
Según explica en la audiencia, el juez explica que la información proporcionada por LATAM entrega información suficiente para que sus acreedores con derecho a voto puedan aprobar o rechazar el plan de reorganización.
Para LATAM, la aprobación representa un hito para que la empresa salga del Capítulo 11. La empresa debe ahora iniciar el proceso de solicitud de votos para aprobar su plan de reorganización. Hasta el 12 de abril, la compañía tiene que presentar el suplemento del plan y el 02 de mayo es la fecha límite para que los acreedores voten.
Ahora, LATAM enfrenta otro paso decisivo. Conseguir los votos de al menos el 66% de sus acreedores para que el plan de reorganización de se apruebe. La etapa está marcada por el conflicto interno y las diferencias que existen entre los accionistas mayoritarios o soportantes y los minoritarios y bonistas locales.
Los accionistas minoritarios y bonistas locales continúan acusando que las fórmulas que la empresa utiliza siguen privilegiando a los mayoritarios y controladores de la empresa. En los últimos días manifiestan nuevas críticas a la nueva fórmula de Deudor en Posesión (DIP, por sus siglas en inglés) que permite el ingreso del JPMorgan Chase como acreedor junto a otras entidades e instituciones asociadas al banco. También manifiestan que las acciones realizadas conceden exenciones indebidas de responsabilidades a directores y ejecutivos de LATAM de cualquier reclamo durante proceso de protección judicial, lo que no corresponde según la normativa chilena.
Los bonistas locales están representados por BancoEstado, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Provida, Capital y Cuprum, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), el banco Bice y las aseguradoras Metlife y Security. Los acreedores mayoritarios son el Grupo Cueto, Delta Air Lines, Qatar Airways, Evercore y JPMorgan Chase con sus instituciones asociadas.
En LATAM aseguran que cuentan con los votos suficientes para aprobar su plan de reorganización. En todo el proceso, la compañía declara que las acciones realizadas cumplen con la normativa tanto en los Estados Unidos como en Chile. Sin embargo, el día de la votación que está por fijar será clave para entregar certezas sobre el futuro de la compañía.
El 15 de marzo, la Corte aprueba la nueva fórmula DIP que permite a LATAM acceder a US$3.700 millones a través de los Tramos A y C con dos líneas de financiamiento de US$2.050 millones y US$1.650 millones, respectivamente. También concede acuerdos de compromiso que los accionistas soportantes aportarán US$5.400 millones. Además, extiende la fecha de vencimiento permitiendo que LATAM disponga de más plazo para salir del Capítulo 11.
Las fechas de 17 y 18 de mayo de 2022 mencionadas con anterioridad corresponden a la audiencia de confirmación en la cual la Corte evaluará el plan de reorganización. Dicha audiencia es la última del proceso en los Estados Unidos. Dependiendo de la votación de sus accionistas (con derecho a voto) y la audiencia de confirmación se establecen certezas para que la mayor línea aérea latinoamericana salga del Capítulo 11.
Desde LATAM señalan que esperan salir de manera exitosa de la protección judicial durante la segunda mitad de 2022. La nueva fecha de vencimiento es el 14 de octubre.
Fotografía portada – Simón Blaise