Rusia envía proyecto de ley que permite nacionalizar aeronaves extranjeras

En una decisión que puede ser calificada como ilegal, Rusia envía un proyecto de ley que permite que los operadores aéreos puedan colocar aeronaves arrendadas y registradas en el extranjero en el registro nacional de aeronaves. La medida causa una alta preocupación ya que aviva los temores de las compañías de arriendo (lessors) de que el país incumpla sus compromisos y no devuelva las aeronaves.

A principios de marzo, el Presidente Vladimir Putin amenaza con nacionalizar las aeronaves en arriendo para asegurar la capacidad operativa de Aeroflot y otras líneas aéreas rusas como S7, Ural Airlines y UT Air. Sin embargo, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia indica en ese momento que la medida sólo está en evaluación.

Con el envío del proyecto de ley, la intención de Putin se convierte en amenaza real y en una contraofensiva para las sanciones comerciales impuestas por los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. La movida también responde a la decisión de Bermudas e Irlanda de suspender los certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves registradas en su país y que operan en Rusia, sumándose a los castigos por la invasión a Ucrania.

Tanto en Rusia, como en distintas partes del mundo, muchas aeronaves en arriendo están registradas en Bermuda (matrículas que empiezan con VP-) e Irlanda (matrículas EI-). Para los lessors, el proyecto de ley de Putin representa un escalamiento y un peligro para equipos de su propiedad.

Datos de la industria aérea indican que existen entre 980 y 1.000 aviones de pasajeros en servicio en Rusia. De ese total, cerca de 800 están en arriendo y de ese número dos tercios lo están en firmas extranjeras por un valor de US$10.000 millones. Los propietarios tienen hasta el 28 de marzo para recuperar los aviones.

La Agencia Federal de Aviación de Rusia señala que 776 aviones cuentan con registros en el extranjero hasta el 24 de febrero. Para evitar que queden retenidos en distintos aeropuertos fuera del territorio ruso se prohíbe a las líneas aéreas del país volar a destinos extranjeros. Es así como Aeroflot o S7 tienen suspendidos todos sus servicios internacionales hasta nuevo aviso.

Si se materializa la ley, Rusia contradice con los propios compromisos firmados a nivel internacional. El país es parte de la Convención de Ciudad del Cabo, instancia que vela por el cumplimiento del financiamiento aeronáutico y facilita que los lessors puedan recuperar los aviones cuando los operadores, principalmente, las líneas aéreas no pueden pagar. Las reglas internacionales también prohíben que las aeronaves civiles se registren en más de un país al mismo tiempo. La consultora de aviación Ascend advierte que alrededor de 425 aeronaves están en un mayor riesgo.

Además de una posible nacionalización, los lessors también enfrentan la amenaza de quedar sin pagos por los aviones luego de que los países de Occidente sacan a Rusia del sistema SWIFT a través del cual funcionan las transferencias bancarias internacionales. Una alternativa planteada por el gobierno ruso es el pago de las aeronaves en rublos, pero por la obligación de suspender los negocios según las directrices políticas es poco factible que ocurra.

En Rusia también se abre un debate interno. El proyecto de ley no necesariamente obligaría a las líneas aéreas a nacionalizar aviones aunque arriesgan una pérdida de capacidad. Si no lo hacen podrían entrar en conflicto directo con el gobierno, mientras que en caso de acatar las nuevas disposiciones arriesgan litigios internacionales.

Fotografía portada - Airbus

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