A menos de un mes que las empresas de arriendo de aeronaves (lessors como son también conocidas) suspendan sus acuerdos con las líneas aéreas de Rusia, el gobierno de Vladimir Putin amenaza con nacionalizar las aeronaves en arriendo para asegurar la capacidad operativa de Aeroflot y otras líneas aéreas rusas. La advertencia representa un escalamiento de las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania y la respuesta de algunos países de Occidente.
Según indican distintas fuentes de prensa, el viceministro de Transportes de Rusia, Igor Chalik, mantiene conversaciones con directivos de Aeroflot, S7, Ural Airlines y UTAir para evaluar la posibilidad de nacionalizar las aeronaves. De proceder, parte de los equipos estaría orientado a asegurar la capacidad operativa, mientras otro grupo se mantendría como back up o suplir de piezas y motores del resto de los aviones. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia indica que la situación está en evaluación.
Por las sanciones comerciales impuestas por los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, los lessors tienen hasta el 28 de marzo para terminar los acuerdos comerciales con las líneas aéreas rusas. La medida amenaza la disponibilidad de las flotas y pone en serio riesgo la conectividad de Rusia.
Datos de la industria aérea indican que entre 980 y 1.000 aviones de pasajeros en servicio, cerca de 800 están en arriendo. De estos, dos tercios lo están en firmas extranjeras por un valor de US$10.000 millones.
La dependencia de tener flotas en régimen de arriendo se debe a un mecanismo rápido de renovación de material aéreo por parte de las líneas aéreas rusas y de los países que conforman la ex Unión Soviética. Ante la falta de alternativas viables en materia de tecnología, economía y confiabilidad, especialmente en los servicios postventa, distintos operadores comenzando por la propia Aeroflot equipan sus flotas con material occidental, principalmente Airbus y Boeing. Ambos fabricantes tienen ya suspendidos sus soportes de mantenimiento a empresas rusas.
El escenario no es bueno para los lessors. Primero, porque arriesgan tener un exceso de aviones que no necesariamente puedan reubicar en otras compañías en el corto plazo. En segundo término, se desconocen la extensión del conflicto y de las sanciones que los países toman contra Rusia, lo que anticipa dificultades financieras.
A lo anterior, se agrega la falta de capacidad de pago por parte de los operadores luego de que parte de la comunidad internacional saca a Rusia del sistema SWIFT de los bancos. Esta situación ya puede anticipar una salida de aviones de las flotas rutas y/o términos de contratos.
Pero Rusia también arriesga un conflicto judicial de carácter internacional relacionado con el reclamo de aviones por parte de sus propietarios. El país es parte del Convenio de Ciudad del Cabo que vela por el cumplimiento del financiamiento aeronáutico y facilita que los lessors puedan recuperar los aviones cuando los operadores, principalmente, las líneas aéreas no pueden pagar. La amenaza de nacionalización de los aviones constituye una abierta violación de los compromisos adoptados.
El reclamo de aeronaves no es una situación sencilla, especialmente en un país en conflicto o con poder político y de mercado. Pese a la existencia del Convenio de la Ciudad del Cabo, en la práctica las tareas de recuperación de aeronaves se extienden en el tiempo y se realizan bajo instancias judiciales.
Fotografía portada – Azur Air