Un duro revés sufre la administración de Joe Biden, luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, impide a su gobierno establecer requisitos de obligatoriedad para vacunarse contra el COVID-19 o en caso contrario, realizar pruebas periódicas de salud en las empresas privadas. No obstante, permite que la medida gubernamental pudiese ser aplicada a instalaciones médicas que aceptan pagos de programas como Medicare o Medicaid.
De mayoría conservadora, la Corte Suprema establece que no existen bases legales para establecer la imposición de vacunación obligatoria porque se transgrede derechos que le pertenecen a otros. Agrega que el mandato socava las capacidades de los funcionarios federales, aún actuando dentro del ámbito de su autoridad para proteger a los trabajadores de un “peligro grave”.
En un fallo distinto, el Tribunal si considera establecer la obligación de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores de la salud. Si bien la decisión no es unánime, el fallo 5-4 es favor de exigir la vacunación tal como pretendía el gobierno de Biden para empresas públicas como privadas.
Con el fin de acelerar la vacunación como herramienta para superar la pandemia, la administración Biden establece la obligatoriedad de vacunación contra el COVID-19 en las empresas con más de 100 empleados. En caso contrario, las personas que no quieran por distintos motivos vacunarse deben someterse a pruebas PCR semanales o usar mascarillas en el interior de las oficinas.
En el caso de los medios de transporte como es la aviación, la orden de Biden se cumple parcialmente. Sin embargo, no están ajenas de la polémica, especialmente en líneas aéreas como United que establecen la obligación de vacunarse o en caso contrario someterse a pruebas de salud. No obstante, distintas denuncias establecen que no siempre eso ocurre ya que algunos trabajadores que no acceden a la vacunación obligatoria pueden comprometer sus puestos de trabajo. Un grupo de trabajadores denuncian que la compañía prácticamente viola derechos civiles con esa decisión.
Pese a las acusaciones e interpelaciones en el Congreso estadounidense, Scott Kirby, CEO de United, defiende la obligatoriedad de exigir la vacunación obligatorias a sus trabajadores bajo el argumento de salvar y proteger vidas. Como ejemplo, asegura que los más de 3.000 trabajadores que están contagiados, ninguno está en los hospitales o ha fallecido.
El caso de United es el más polémico, al igual que otros similares que se conocen en Hawaiian Airlines. Otras líneas aéreas como American Airlines o Southwest flexibilizan o dan marcha atrás en la obligatoriedad de vacunarse.
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) es el organismo que vigila la seguridad de las condiciones laborales para informar al Departamento del Trabajo. Durante la pandemia, el funcionamiento de esta institución se realiza bajo poderes de emergencia establecidos por el Congreso.
De acuerdo con medios de prensa en los Estados Unidos, la vacunación obligatoria o el sometimiento a pruebas PCR periódicas han llevado a una serie de demandas en distintos Estados, por parte de sectores políticos (republicanos, principalmente), empresas privadas, grupos religiosos, sectores productivos o gremios. Precisamente, las atribuciones de OSHA han intentado ser bloqueadas a través de distintas acciones judiciales.
La obligatoriedad de las vacunas en empresas privadas como las líneas aéreas no es lo único que está en la polémica en los Estados Unidos. En los últimos días, se conoce también advertencias de médicos y abogados quienes escriben a la Administración Federal de Aviación (FAA) como al Departamento de Transporte (DOT), Departamento de Justicia (DOJ) y las líneas aéreas de posibles riesgos a la seguridad aérea por el uso de vacunas experimentales en las tripulaciones de vuelo.
Fotografía portada – Joe Ravi