Preocupación hay en la industria con el rumbo que toma Chile. No sólo en el tema de apertura de fronteras y calificar como uno de los países más restrictivos a nivel mundial, sino también en el ambiente que comienza a rodear al transporte aéreo de pasajeros. Con la pronta promulgación del proyecto de ley que permite ceder pasajes y retractarse de la compra, Chile es también uno de los pocos países en el mundo que cuenta con este tipo de políticas que si bien busca un beneficio termina por ser dañina.
Para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la nueva normativa aprobada por el Congreso representa una de las múltiples formas en la que habitualmente los Gobiernos intentan inmiscuirse en la industria aérea. Un proceso que como toda actividad es necesario, pero que en el caso de aviación las acciones van más allá, apelando al falso concepto al que se asocia la aviación como “una vaca lechera” a la cual se le pueden drenar los recursos.
“No conocemos otra industria en la que el Gobiernos se involucre tanto como es la aérea”, dice Peter Cerdá, vicepresidente de IATA para las Américas. “El Gobierno tiene estar muy involucrado con el sector, pero a nivel de seguridad para mantener los más altos estándares porque es algo que no se puede jugar, pero los temas comerciales los debe dictar el mercado”.
Para el gremio que representa al 82% del tráfico mundial de pasajeros no es necesario continuar “inventando la rueda” en términos de normativas comerciales, por el simple hecho de que estos temas están tratados desde hace años en acuerdos internacionales que regulan la actividad y los contratos de transporte. Dentro de ese marco, todas las compañías aéreas desarrollan sus políticas y es el mercado quien se encarga de regular los temas comerciales, según la preferencia de los usuarios y el nivel de servicios.
“El Gobierno tiene que asegurar que no hay abusos, pero las reglas del juego comercial ya están desarrolladas en todo el mundo. Las líneas aéreas tienen sus políticas, tienen su competitividad. Cuando el Estado comienza a imponer regulaciones al consumo o reglas del juego lo que está haciendo es perjudicar al pasajero al consumidor porque al final las tarifas van a subir”, sentencia Cerdá.
En ese contexto, insiste que lo que parece bueno en un comienzo termina siendo algo negativo comenzando por el alza de los precios, ya que bajo la lógica del funcionamiento de la economía las empresas van a intentar compensar los costos que genera la nueva normativa, especialmente con los vacíos con los que aparece. Uno de estos es que ocurre cuando hay diferencias tarifarias.
“Si un Gobierno dice que tiene hasta un determinado plazo para retractarse o ceder el pasaje da igual la tarifa los vuelos van a comenzar a ir vacíos. Por algo hay tarifas muy baratas con muchas restricciones y tarifas altas que no las tienen. El consumidor va a decidir lo que quiere comprar. Está demostrado en Asia, en Europa en América, cuando hay libre mercado el sistema funciona y el consumidor sale ganando”.
De acuerdo con el texto aprobado por el Parlamento chileno, una persona podrá ceder su pasaje aéreo hasta las 24 horas anteriores al horario del vuelo, de manera presencial o a través de la página web de la línea aérea. Dicha cesión sólo puede ser por un máximo de dos veces en el año por transportador (línea aérea), una por semestre bajo ciertas condiciones. No podrán efectuarse en ningún caso con fines de lucro y tampoco como actividad comercial o en forma habitual. Como sanciones a la cesión voluntaria y gratuita de pasajes aéreos nacionales se establece una multa de 11 a 20 veinte Unidades Tributarias Mensuales (UTM), pudiendo éstas aumentar a un rango de 21 a 30 UTM y presidio menor en su grado medio, en caso de reiteración de dichas conductas.
Pese a ello, el proyecto deja abierta una ausencia de control, ya que si bien no se podrá comercializar por un canal formal, no existe ningún mecanismo de fiscalización que revise las vías informales como venta por redes sociales, por ejemplo. En el sector indican que se puede abrir la puerta a la creación de un mercado fraudulento, especialmente en fechas claves. Junto con la falta de fiscalización, los largos trámites judiciales (si proceden) dejan en la práctica una poca viabilidad para eventuales castigos.
En lo que respecta al término del contrato (pasaje), el pasajero puede hacerlo con derecho al reembolso completo de lo pagado y sin que se le puede aplicar descuento alguno. Lo anterior, aplica sólo si se hace dentro de las 48 horas posteriores a la adquisición de un pasaje, cuya salida se encuentre programada para dentro de los siete días corridos siguientes; o dentro de los siete días posteriores, contados desde la fecha en la que se compra el pasaje, cuando se trate de vuelos que deban realizarse en un plazo igual o superior a los 180 días desde la adquisición del pasaje.
Desde IATA explican que el boleto aéreo es un contrato entre el pasajero y el operador. Independiente de la forma, si es física o digital, se especifica el servicio que el operador (la línea aérea) tiene que dar al precio pagado por el viajero. Además, entrega la responsabilidad que tiene la persona y las obligaciones que tiene el transportista.
En el caso chileno, el cambio de la normativa hace que lo anterior pierda valor lo que es una situación preocupante. “Lo que pasa con esto es que el Estado quiere entrar diciendo que ese contrato ya no importa”, sentencia Cerdá.
Fotografía portada - Ricardo J. Delpiano