Sin comprender la realidad país alcanzada durante los últimos años con un transporte aéreo masivo y democrático extensivo a otras industrias, el Gobierno de Chile anuncia un protocolo de viaje para el turismo de extranjeros a la Antártida para cruceros. Si bien puede ser bienvenida, el anuncio vuelve a mostrar contradicciones en el discurso de fronteras protegidas y confirma el carácter discriminatorio de las políticas que en este caso favorecen sólo a personas extranjeras de más altos ingresos.
El protocolo para turistas extranjeros está pensado para el cuarto trimestre de este año e incorpora el concepto de burbuja sanitaria. Considera que sólo pueden ingresar turistas extranjeros con su esquema de vacunación completa y cuenten con una declaración jurada electrónica c19 lo que debiera suponer una actualización de esta, ya que a fecha de hoy el c19 sólo se puede obtener con “clave única”, es decir sólo aquellas personas con documentación chilena. Además, deben contar con un seguro médico por US$30.000 y realizar traslados a Punta Arenas en vuelos privados.
Además, los viajeros extranjeros deben considerar una cuarentena en Santiago si su viaje a Punta Arenas ocurre días después de su arribo al país y una cuarentena en Punta Arenas previo a embarcarse en el crucero que debe ser realizado en un hotel sanitario a cargo del pasajero. Todos los traslados se deben hacer en transporte privado exclusivo y un test de antígeno al desembarcar de los cruceros.
El protocolo anunciado por la directora nacional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), Andrea Wolleter, pareciera desconocer completamente las tendencias de viaje e incurre en el primer error para reposicionar turísticamente al país. A nivel global, el 84% de los viajeros no está dispuesto a considerar un destino donde se exija como requisito una cuarentena lo que en la práctica continúa perjudicando el posicionamiento de Chile.
Las medidas para el turismo antártico también muestran contradicciones en el discurso utilizado por las autoridades de fronteras protegidas. Desde el gobierno de Sebastián Piñera se apela al factor de riesgo de los viajeros provenientes del exterior para justificar las restricciones y los confinamientos excesivos, aún cuando las personas están vacunadas. Esto incluye la polémica por los usos obligatorios de los hoteles de tránsito para las personas no vacunadas o que viven a más de cinco horas de traslado terrestre del aeropuerto de Santiago, único punto de ingreso al país.
Si la justificación del cierre de las fronteras está en el potencial contagio que representan las personas procedentes del extranjero, surge la interrogante por qué son sólo algunas que estando en igualdad de condiciones (vacunados, por ejemplo) no son riesgosas y el resto si lo son. La medida no es aclarada por las autoridades y repite arbitrariedades que ocurren en otros casos calificados como especiales como deportistas, autoridades o políticos. Todo en su conjunto reafirma el carácter político de las medidas sanitarias impuestas las que hacen aumentar sus dudas.
Al igual que los cuestionados hoteles sanitarios de tránsito -inicialmente comercializados por las agencias Turismo Cocha y Travel Security, pero hoy asignados a los que la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud determine-, el protocolo de viajes a la Antártica pone en duda la asignación de los vuelos chárter. No está claro si están asociados directamente a un operador específico, a un conjunto de ellos o si busca establecer algún tipo de beneficios especiales de carácter indirecto.
Por sus características, los vuelos chárter son convenientes para las líneas aéreas porque representan una fuente segura de ingresos. El cliente que puede ser una persona, un grupo de estas o un agente -como un tour operador, por ejemplo-, arrienda el vuelo y todos los costos asociados a su operación, independiente cuántas personas viajen. Por lo mismo, muchas compañías aéreas inician operaciones ofreciendo sólo vuelos chárter y durante crisis apelan a estos servicios para generar fuentes de ingresos adicionales como ocurre con vuelos de repatriación o las operaciones especiales como las realizadas por los Estados Unidos recientemente en Afganistán, por mencionar algunos ejemplos.
En el mundo, algunas líneas aéreas están dedicadas a estos servicios. Habitualmente, se utilizan para viajes a destinos vacacionales, eventos especiales (conciertos, deporte, entre otros), misiones de repatriación, suplir necesidades de las compañías aéreas a través de arriendos ACMI (avión, tripulación y mantenimiento, por sus siglas en inglés) o temporadas de viajes específicos como las peregrinaciones del Hajj al Reino de Arabia Saudita. Prácticamente, cualquier necesitad de viaje puede ser atendida con los vuelos a pedido.
En Chile, todas las líneas aéreas nacionales ofrecen vuelos chárter. Aerovías DAP es la única compañía que opera regularmente a la Antártida con paquetes turísticos que parten de los US$5.500 por persona saliendo de Punta Arenas. Para llegar a la capital de la Región de Magallanes y la Antártida Chilena, sólo LATAM, SKY y JetSMART tienen la capacidad de realizar vuelos sin escalas con gran cantidad de pasaje, mientras que por las aeronaves que utiliza Aerovías DAP puede operar con menor carga de pago.
Dado que Santiago es el único punto de ingreso al país, serían las compañías aéreas chilenas las más favorecidas con los pocos programas especiales. En la práctica, los operadores extranjeros no podrían llegar directamente a Punta Arenas como ocurre en temporadas anteriores.
A la oferta de las líneas aéreas chilenas se suma la capacidad dispuesta por distintos FBO, especialmente los que disponen aviones de mayor capacidad o con prestaciones para realizar vuelos sin escalas desde y hacia Magallanes. Algunas empresas son Aerocardal o Aviasur.
Por el alto valor de los viajes a la Antártida, sólo los pasajeros con altos ingresos pueden beneficiarse de este protocolo y de la tímida apertura. Son los únicos dispuestos a asumir los costos de arriendos de vuelos privados, hoteles sanitarios y disponer de tiempos para cuarentena en Santiago o en Punta Arenas.
Como en los requisitos de ingreso a Chile, la administración de Sebastián Piñera sigue incurriendo en políticas discriminatorias, primero contra su propia población a la que priva de viajes normales y seguros, y también contra los extranjeros que, por distintos motivos desean llegar al país, siendo los más afectados quienes lo hacen por razones familiares o de trabajo. La discriminación también afecta a las regiones por beneficiar sólo a la Región de Magallanes y la Antártida Chilena.
Gracias al desarrollo de nuevos modelos de negocios basados en un estímulo permanente de la demanda a través del precio, Chile alcanza la tasa de viajes per cápita más alta de la región con un vuelo por habitante. Las líneas aéreas son las primeras en introducir las políticas de estimulación a la demanda, primero con la transformación del modelo corto alcance de la hoy LATAM y luego con la llegada de bajo costo y tarifas bajas (LCC, por sus siglas en inglés) representadas por SKY y JetSMART. Posteriormente, se suman otras industrias como agencias de viaje, hoteles e incluso transporte aéreo corporativo. El indicador alcanzado por Chile supera a mercados de mayor tamaño como Brasil, México y Argentina, representando un avance significativo en accesibilidad para la población tanto en viajes en avión como paquetes turísticos.
Con un extensivo cierre de fronteras, restricciones redundantes y cuestionadas para el ingreso al país que vulneran los derechos de las personas e incurren en abiertas políticas de discriminación, Chile continúa calificando como un “anti-ejemplo” en materia de apertura y reactivación de la demanda como indican en la industria aérea. Las medidas implementadas y otras nuevas -como las del turismo antártico-, más la falta de una “hoja de ruta” para reactivar y una constante improvisación en los anuncios que impiden una adecuada planificación representan una amenaza para la democratización de los viajes en el país y la reactivación del empleo.
De acuerdo con datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la crisis y las restricciones impuestas por las autoridades están teniendo un enorme impacto. Hasta antes del COVID-19, la industria aporta unos US$7.100 millones al Producto Interno Bruto (PIB) de Chile y mantiene alrededor de 191.000 empleos. Hasta 2019, el 3,2% del PIB del país se sustenta en el aporte del sector del transporte aéreo y de los turistas extranjeros que llegan por vía aérea. En 2020, Chile pierde US$4.616 millones de aporte al PIB y más de 121.505 puestos de trabajo que han puesto en riesgo a un número similar de familias.
La preocupación hacia el futuro no es menor, especialmente cuando defiende este tipo de medidas como un “ejemplo”. Según la Subsecretaría de Turismo, el positivo escenario sanitario por el que atraviesa la Región de Magallanes y el alto grado de avance de vacunación que alcanza nuestro país permiten al turismo dar este primer paso. “Estamos en un punto de inflexión, en el que la industria turística está definiendo cómo operará en los próximos años”, dice el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte.
El programa antártico lanzado por Chile ocurre como respuesta al plan presentado por Argentina. Si bien tampoco reúne condiciones ideales para reactivar por la exigencia de cuarentenas previo al embarque de cruceros, las políticas del país trasandino son más sencillas con una prueba PCR de 72 horas previo al embarque hacia Argentina, declaración jurada, certificado de vacunación completa y seguro contra COVID-19.
Fotografía portada - Marca Chile