Frente a los variados cuestionamientos por parte de distintos sectores, el Gobierno de Chile anunciaría una nueva actualización de su plan “Fronteras Protegidas” para los próximos días. Según comenta Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, la intención es continuar avanzando en la reapertura tomando como referencia a la cantidad de personas vacunadas contra el COVID-19, aunque no entrega detalles de la medida ni desde cuándo aplicaría.
“Vamos a dar a conocer prontamente cómo vamos a ir avanzando con la apertura de fronteras, pero lo haremos paulatinamente, porque no queremos perder la buena situación epidemiológica que tenemos hoy día”, dice Daza en entrevista telefónica con el programa “El Diario de Cooperativa” (20/08/2021).
La autoridad reafirma que la intención es seguir con un plan muy gradual en la apertura de las fronteras. Por consiguiente, se esperaría una cierta flexibilización o eliminación de algunas de las numerosas medidas impuestas, muchas de las cuales son únicas en el mundo y trasgreden abiertamente las libertades y derechos de las personas. Ante los retrasos por eliminar las restricciones y numerosas arbitrariedades, la administración de Sebastián Piñera es seriamente cuestionada, independiente de la imagen que las autoridades quieren mostrar como un país líder mundial.
“Vamos a ir muy de a poco, porque sabemos que si salen de Chile personas que no están vacunadas y afuera la situación epidemiológica es más compleja y llegan personas -como han llegado- con variantes de mayor preocupación, es un riesgo para los niños y para las personas que viven en Chile”, agrega Daza en el programa radial.
Actualmente, la apertura de fronteras aplica sólo para chilenos y extranjeros residentes completamente vacunados quienes usando su “Pase de Movilidad” pueden salir del país sin pedir salvoconductos. Quienes no cuentan con ese pase deben acogerse a las cuatro causales: trabajo por razones esenciales del país (definido por el Estado), razones humanitarias, motivos de salud y viaje de no retorno, las que deben ser demostradas con documentación. Dado que los niños no cuentan con su esquema de vacunación completa o no pueden vacunarse, la medida obliga a separar familias.
Al regreso, las personas si están con sus dosis completas deben presentar una prueba negativa PCR para COVID-19 con 72 horas de anticipación en el último punto de embarque antes de llegar a Chile y completar el formulario c19. A su llegada al país, son sometidos a controles adicionales en el aeropuerto de Santiago y otra prueba aleatoria PCR, lo que genera esperas de entre 4 a 6 horas, según registros de viajeros. Además, deben realizar una cuarentena en el domicilio informado por 10 días con estrictas reglas y seguimiento permanente por parte de la autoridad sanitaria o la Policía de Investigaciones (PDI). Para llegar al domicilio deben usar transporte privado y obligan a un confinamiento de todos los residentes del hogar, independiente si estos están o no vacunados.
Si no informa domicilio en Santiago o su hogar se encuentra a más cinco horas de traslado desde el aeropuerto, los viajeros deben hacer uso de los cuestionados hoteles sanitarios de tránsito por 10 días de cuarentena. Todos los costos son asumidos por los viajeros y las condiciones varían dependiendo del lugar de residencia, aunque en su mayoría son cuestionadas. Los valores parten desde los US$800 por persona y varían según el hotel de tránsito. Los pasajeros sin “Pase de Movilidad” como los de regiones están obligados a hacer uso de los hoteles sanitarios lo que genera una abierta discriminación de los propios ciudadanos.
Ante la ausencia de opinión de los representantes políticos de la ciudadanía, las industrias de la aviación y del turismo son las únicas que alzan la voz ante las medidas extremas tomadas por el Gobierno de Chile y que mantienen al país al margen de la reactivación del resto del mundo.
“Entendemos que el Gobierno está enfocado en proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos de Chile, y aunque las medidas de control fronterizo revisadas permitirán a algunos ciudadanos y residentes viajar, siguen siendo muy restrictivas”, dice Peter Cerdá, vicepresidente de IATA para las Américas y el Caribe. “El hecho discrimina a las familias. Por lo tanto, hay que encontrar una alternativa a la simple prohibición de los viajes internacionales de las familias”. También cuestiona que el Gobierno de Chile no deja que la ciencia guíe el camino y que sus propias medidas ponen en peligro la reactivación de las industrias y de los empleos, además de toda la cadena de valor que tiene la aviación.
La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) indica que el plan de “Fronteras Protegidas” del Gobierno de Chile no es efectivo y atenta contra las personas. “Consideramos que la medida no es efectiva y vulnera un derecho fundamental de las personas. Existen alternativas eficaces para controlar la propagación del virus sin menoscabar el derecho a la libre circulación y sin que la economía, los empleos y el bienestar de la población sigan siendo perjudicados”, indican en una declaración en julio.
El CEO de LATAM Airlines Group, Roberto Alvo, dice que con el actual plan de fronteras el gobierno de Piñera “perdió la oportunidad de empezar a instalar el sentido de normalidad”. En conversación con DFMAS (01/08/2020) dice que no entiende el accionar en el Palacio de la Moneda.
José Ignacio Dougnac, CEO de SKY y presidente de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (ACHILA), indica que están las condiciones para volver a volar con mayor normalidad. “Se han reducido las restricciones, el tráfico aéreo ha aumentado en las últimas semanas y los contagios no han aumentado. Por el contrario, ¡Se han reducido de manera significativa! La aviación no es un vector de contagio. Por lo tanto creemos que tenemos las condiciones para abrir las fronteras, pero de manera segura como lo plantea la Organización Mundial de la Salud que dice que para las personas completamente vacunadas se les debería permitir entrar y salir de los países sin necesidad de hacer cuarentenas”, sentencia.
La industria aérea pide al Gobierno de Chile claridad y planificación para encaminar la reactivación. Hasta la fecha, las autoridades no han sido claras en sus políticas lo que se refleja en los constantes cambios y actualizaciones, además de no entregar una hoja de ruta adecuada lo que implica una constante improvisación cuyos costos la pagan las personas.
Fotografía portada - Nuevo Pudahuel