Hoy, 26 de julio comienza el plan “Fronteras Protegidas” del Gobierno de Chile. Se trata de una apertura altamente cuestionada por los criterios usados de abierta discriminación de las personas, con castigos a los viajeros y no aportar a la reactivación del país. Las propias líneas aéreas y otros gremios en Chile plantean que es necesario revisar el plan por las serias afecciones que produce y no estar basados en la experiencia internacional.
Desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), señalan que las medidas impuestas para abrir las fronteras son discriminatorias e insuficientes para estimular los viajes hacia y desde el país. Plantean que hay una diferencia de ciudadanos de primer y segundo orden entre los que están vacunados y los que no, además de estar cerrados a los extranjeros. También critican la necesidad del “Pase de Movilidad”, la prohibición de viaje de los niños no vacunados, así como la extensión de la cuarentena obligatoria en los hoteles por cinco días adicionales para ciudadanos o residentes que regresan sin el pase que sólo se otorga en Chile, añaden más complicaciones a cualquiera que pretenda viajar.
“Entendemos que el Gobierno está enfocado en proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos de Chile, y aunque las medidas de control fronterizo revisadas permitirán a algunos ciudadanos y residentes viajar, siguen siendo muy restrictivas”, dice Peter Cerdá, vicepresidente de IATA para las Américas y el Caribe.
El gremio que representa y lidera a las líneas aéreas responsables del 82% del tráfico de pasajeros a nivel mundial, propone que el Gobierno de Chile entregue soluciones alternativas al uso del “Pase de Movilidad”. La razón es que el pase es sólo para los residentes en Chile y no está reconocido ni homologado en el extranjero. Chile tampoco reconoce a los chilenos o extranjeros residentes que se han vacunado en el exterior por lo que en el caso de que ingresen deben someterse a los hoteles sanitarios con los costos que eso conlleva.
IATA también insta a las autoridades a incluir a los niños. La política del Gobierno de Chile separa a las familias dado que los menores que no están vacunados o que no pueden vacunarse no pueden viajar al extranjero, es decir, o no viajan o tienen que dejar a los niños en el país. “El hecho discrimina a las familias. Por lo tanto, hay que encontrar una alternativa a la simple prohibición de los viajes internacionales de las familias”, sentencian en la Asociación.
También dicen que deben simplificar las normas de cuarentenas. Además de no ser un aporte, son discriminatorias para los mismos chilenos y residentes e introduce normas diferentes e inexplicables entre los viajeros vacunados.
Otro punto cuestionable son las discriminaciones entre los viajeros que son de Santiago y quienes viven a más de cinco horas en transporte terrestre (y particular). Independiente si están o no vacunados, sean chilenos o extranjeros residentes, están forzados a hacer uso de los hoteles sanitarios de tránsito por 10 días.
IATA insta al Gobierno de Chile a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo dependiente de Naciones Unidas establece que los Gobiernos no debieran exigir algún comprobante de vacunación como una condición obligatoria para salir o ingresar a un país; debieran eliminar medidas como pruebas y/o requisitos de cuarentenas para los viajeros que estén completamente vacunados o que hayan tenido una infección previa de COVID-19 en los últimos seis meses a su salida o llegada; tienen que ofrecer alternativas de ingreso para las personas no vacunadas a través de pruebas de diagnóstico de COVID-19; e implementar medidas de prueba y/o cuarentena para viajeros internacionales sólo cuando exista un enfoque basado en el riesgo con respaldo en la evidencia científica.
Desde IATA recuerdan que esta crisis está teniendo un enorme impacto para el país. Cabe recordar que el transporte aéreo en Chile aportaba hasta antes del COVID-19 US$7.100 millones al Producto Interno Bruto (PIB) del país y mantenía alrededor de 191.000 empleos. En 2020, Chile pierde US$4.616 millones de aporte al PIB, 29 pares de ciudades y 75% de las frecuencias con un impacto en más de 121.505 puestos de trabajo que han puesto en riesgo a un número similar de familias. En total, el 3,2% del PIB del país se sustentaba en la aportación del sector del transporte aéreo y de los turistas extranjeros que llegaban por vía aérea.
“A medida que avanzamos hacia la primavera y el verano en el hemisferio sur, Chile debe definir claramente cómo planea dar la bienvenida a los turistas y a los negocios internacionales. Sin embargo, parece que el Gobierno no está dejando que la ciencia guíe el camino y esto está poniendo en peligro otra temporada turística completa, y junto con ella la viabilidad a largo plazo de la cadena de valor de la aviación en el país”, concluye Cerdá.
Fotografía portada - Ricardo Delpiano