Pese a que resulta ser una política no efectiva para prevenir el ingreso de nuevas variantes, la administración de Sebastián Piñera continúa extendiendo el cierre de fronteras sin entregar condiciones para comenzar la reactivación del país. Pese a las autoridades destacan a Chile como líder mundial en vacunación, la realidad muestra a uno de los países con mayor cantidad de restricciones a su población, cuyos daños parece no estar correctamente dimensionados.
De acuerdo con el Gobierno de Chile, la extensión del cierre de fronteras se prorroga hasta el 14 de julio. La medida impide a extranjeros ingresar a Chile, pero también restringe fuertemente las libertades de ciudadanos chilenos y residentes quienes no pueden salir del país si no cuentan con un permiso especial visado por el Estado que justifica viajes por razones de trabajo esencial para el país (definido por el Estado), razón humanitaria, salud o viaje de no retorno. En todos los casos, los viajeros deben justificar con documentación el motivo de la salida, en una realidad similar a cualquier régimen totalitario que a un país libre y democrático.
Para los viajeros que se les autoriza el ingreso, deben cumplir una cuarentena obligatoria en un hotel sanitario definido por una oferta proporcionada dos agencias de viaje, cuya selección y costos se cuestionan desde un comienzo. Todos los cargos de pruebas de salud y alojamientos están a cargo del pasajero.
Desde el cuarto trimestre 2020, la tímida apertura de Chile permite iniciar una reactivación de la aviación, turismo y otros sectores productivos. Sin embargo, en marzo de 2021, presiones políticas fuerzan a la administración Piñera a imponer nuevas restricciones, a fin de negociar un cambio en las elecciones de constituyentes de abril. Entre las medidas colocadas están los hoteles sanitarios y un nuevo cierre de fronteras con un “horizonte temporal” de 30 días, pero que hoy se extiende de manera indefinida. Como consecuencia, Chile es hoy uno de los países más restrictivos de América compartiendo posición con Argentina, Canadá y Venezuela.
El cierre de fronteras se realiza bajo el argumento de bloquear el ingreso de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 al territorio chileno. Con una extensión de tres meses, la medida está lejos de cumplir su propósito ya que las variantes procedentes de “Gamma” (o P.1 conocida como “cepa brasilera”) y la nueva variante “Delta”, logran ingresar sin problemas al país como parte de la evolución natural del virus como ser vivo. Precisamente, la variante “Delta” ingresa a Chile el 04 de junio, pero las autoridades sólo oficializan su presencia en el país el día en que buscan aprobar la continuación del estado de excepción constitucional lo que sugiere una especie recurso político bien jugado.
Frente a ello, la evidencia práctica demuestra que las decisiones tomadas por las autoridades parecer no ser efectivas. Por consiguiente, la insistencia en su vigencia responde a la consideración de otros factores como los de índole política ante la continua presión de gremios opositores liderados por el Colegio Médico, sectores políticos y opiniones públicas desinformadas y altamente influenciables.
Para la industria aérea, la situación es paradójica. Después que Chile es un ejemplo mundial en apertura, hoy destaca por su estricto confinamiento y por políticas de cierre que parecieran no tener término. El país que alguna vez representa el liderazgo de la aviación en América Latina es hoy el escenario temido por la industria -como por muchos sectores de productivos-, al tener a su población vacunada contra el COVID-19, pero sometida a confinamientos y privación de sus libertades.
El golpe del cierre de fronteras más las restricciones que rigen en el país se siente en el transporte aéreo. Según los últimos datos de la Junta Aeronáutica Civil (JAC), el tráfico aéreo de pasajeros muestra una caída del 75,4% en vuelos domésticos e internacionales con respecto a los niveles de 2019, de acuerdo con los últimos datos disponibles. En vuelos internacionales, la caída llega al 96,2%.
Para las líneas aéreas, la extensión de 15 días abre la posibilidad de que la medida se revierta a corto plazo. Por otro lado, también entrega mayor incertidumbre dado que el menor tiempo impide planificar adecuadamente las operaciones y las tripulaciones, dificultando la reanudación de los servicios, tal como ocurre en la actualidad en Argentina.
Para los aeropuertos, la situación tampoco es favorable. Al no contar con los pasajeros necesarios, continúan profundizándose los desequilibrios económicos de las terminales aéreas, especialmente en los aeropuertos concesionados. La situación del aeropuerto de Santiago es la más preocupante por la inversión de más de US$1.000 millones en la mayor obra pública concesionada, que ad-portas de su inauguración, parece un “elefante blanco” de un país tercermundista.
La industria aérea tenía (remotas) esperanzas de tener un segundo trimestre “sorprendente” con un posible inicio de reactivación hacia el fin del periodo, considerando que una alta tasa de vacunación debiera determinar en libertades como ocurre en gran parte del mundo. Con la extensión de los confinamientos en junio y ahora del estado de excepción de catástrofe la posibilidad de ver una reactivación se aplaza hacia fines del tercer trimestre o directamente al cuarto trimestre, siempre y cuando, las autoridades avancen en un desconfinamiento efectivo.
Con un escenario altamente volátil, superior a otros países de la región que están encaminados a una apertura y convivencia permanente con el SARS-CoV-2 al igual que con muchas enfermedades, dos elementos aparecen como fundamentales para intentar avanzar: la mantención del Pase de Movilidad y posibles cambios en el plan “Paso a Paso” que otorgue mayores libertades a las personas vacunadas contra el COVID-19.
Basado en un enfoque realista de la situación global, la evidencia científica y las mejores prácticas adoptadas por otros países, la industria de la aviación resalta la importancia de iniciar una reactivación, ya que en caso contrario, cualquier extensión de los confinamientos representa más daño para los países y para las personas, muchas de las cuales ya están seriamente afectadas tras perder sus fuentes de ingresos, trabajos y oportunidades.
De acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), antes de la pandemia más de 191.000 empleos en Chile estaban sustentados por el transporte aéreo. Estos trabajos representaban un aporte de US$7.200 millones al Producto Interno Bruto (PIB) lo que se traduce en un tremendo aporte al bienestar social y económico para el país.
Fotografía portada – Ricardo Delpiano
