Desvío forzado de un vuelo de Ryanair a Belarús podría violar el Convenio de Chicago

El desvío y aterrizaje forzado del vuelo Ryanair FR4978 a Minsk durante la jornada del 23 de mayo, se encuentra en el centro de la controversia internacional tanto aeronáutica como política. Como si se tratara de una escena propia de la Guerra Fría, un avión caza Mig-29 escolta al Boeing 737-800 de la línea aérea, que con 170 pasajeros, cubre el vuelo regular Atenas – Vilnius. El motivo: una aparente amenaza a la seguridad.

De acuerdo con información de Ryanair, el centro de control de tráfico aéreo de Belarús informa a la tripulación del vuelo FR4978 de la posibilidad de una “amenaza a la seguridad a bordo”. Ante esta razón, recibe instrucciones de desviarse a Minsk de manera inmediata siendo interceptado por el avión caza hasta su aterrizaje. En el aeropuerto, los pasajeros son forzados a descender y sometidos a controles de seguridad. No se encuentra nada anormal en el avión y ni los pasajeros, a los cuales se les permite volver a las cinco horas más tarde después del imprevisto arribo.

Ningún pasajero es detenido, salvo el opositor Raman Pratasevich, según confirma el Ministerio del Interior de Belarús. Por consiguiente, la aparente amenaza a la seguridad es la persona, buscada por diversos cargos en su país. La alerta de seguridad es cuestionada por la comunidad internacional de países y de la aviación. Se lo interpreta directamente como un secuestro autorizado por el Estado.

Pratasevich es un periodista -uno de muchos, según medios internacionales- que hacen campaña desde el exilio contra el Presidente de Belarús, Alexander Lukashenko. Es fundador del canal Telegram Nexta, que ayuda a movilizar las protestas contra el Mandatario, motivo por el cual su administración acusa de instigar disturbios masivos y acciones contra el orden público de carácter terrorista.

Desde el año pasado, Lukashenko enfrenta numerosas protestas opositoras desde que se proclama vencedor de las últimas elecciones las que han sido puestas en duda a nivel local e internacional por sus controversias y falta de transparencia. El Presidente ostenta el poder desde hace 30 años.

Para la comunidad internacional que plantea el concepto de un secuestro aéreo avalado por el Estado de Belarús, el incidente es grave porque pone en riesgo los derechos de libre tránsito que están estipulados en el Convenio de Chicago de 1945 al cual Belarús adhiere. El vuelo es interceptado por un caza en un vuelo regular, que aunque se encuentra sobrevolando espacio aéreo soberano bielorruso, no tiene como destino ninguna ciudad en ese territorio.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) manifiesta que está “muy preocupada” por el aparente aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair y la situación ocurrida con sus pasajeros, dado que podría estar contraviniendo el Convenio de Chicago. “Esperamos que los países y operadores involucrados confirmen más información”, señala en twitter durante la tarde del domingo.

Más allá del desvío forzado, el tema de la controversia es el hecho de haber desviado con un avión caza un vuelo comercial de carácter regular. En su artículo 3 bis, el Convenio de Chicago señala que “los Estados contratantes reconocen que todo Estado debe abstenerse de recurrir al uso de las armas en contra de las aeronaves civiles en vuelo y que, en caso de interceptación, no debe ponerse en peligro la vida de los ocupantes de las aeronaves ni la seguridad de éstas”.

Para la comunidad política y aeronáutica internacional, el uso de un avión caza es considerado un arma por su naturaleza ya que tiene el propósito de disuadir y enfrentar la amenaza. Al aplicarlo sobre un vuelo comercial, se lo interpreta como una posible acción contra una aeronave civil. Otro punto en controversia es el lugar donde ocurren los acontecimientos. Si bien la aeronave se encuentra en espacio aéreo de Belarús, estaría a un próximo descenso a su destino final.

El artículo 3 bis del Convenio de Chicago indica que “los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene derecho, en el ejercicio de su soberanía, a exigir el aterrizaje en un aeropuerto designado de una aeronave civil que sobrevuele su territorio sin estar facultada para ello, o si tiene motivos razonables para llegar a la conclusión de que se utiliza para propósitos incompatibles con los fines del presente Convenio; asimismo puede dar a dicha aeronave toda otra instrucción necesaria para poner fin a este acto de violación. A tales efectos, los Estados contratantes podrán recurrir a todos los medios apropiados compatibles con los preceptos pertinentes del derecho internacional…”.

El mismo agrega que “toda aeronave civil acatará una orden dada de conformidad con el párrafo b) del presente artículo (anteriormente mencionado). A este fin, cada Estado contratante incorporará en su legislación o reglamentación todas las disposiciones necesarias para que toda aeronave civil matriculada en el o explotada por un explotador cuya oficina principal o residencia permanente se encuentre en su territorio, tenga la obligación de acatar dicha orden. Cada Estado contratante tomará las disposiciones necesarias para que toda violación de esas leyes o reglamentos aplicables se castigue con sanciones severas, y someterá el caso a sus autoridades competentes de conformidad con las leyes nacionales”.

Belarús se defiende de la acción realizada. Argumenta que el despliegue responde a la atención a una amenaza a la seguridad por la posibilidad de la presencia de una bomba a bordo del vuelo. Según el subcomandante de las Fuerzas de Defensa Aérea, el general de división Andrey Gurtsevich, el envío del Mig-29 tiene la finalidad de “monitorear y ayudar” al vuelo.

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Fotografía – Wikipedia Commons

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) pide una investigación exhaustiva de lo que se califica como un incidente. La organización que representa y lidera a las líneas aéreas responsables del 82% del tráfico mundial de pasajeros condena enérgicamente cualquier interferencia o requisito para el aterrizaje de operaciones de la aviación civil que sea inconsistente con las reglas del derecho internacional.

Para la Unión Europea, el aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair es “absolutamente inaceptable”. Según declara Ursula von der Leyen “el comportamiento escandaloso e ilegal del régimen en Belarús tendrá consecuencias. Los responsables del secuestro de Ryanair deben ser sancionados. El periodista Roman Protasevich debe ser liberado de inmediato”.

Lituania, país de destino del vuelo FR4978, hace un llamado a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea para que reaccionen de inmediato ante la amenaza que representa el régimen de Belarús para la aviación civil internacional.

Según reporta CNN, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, dice que “esta extravagante acción de Lukashenko tendrá serias implicaciones”.

Los Estados Unidos también muestran su preocupación por la situación, especialmente cuando hay presencia de sus ciudadanos en el vuelo. La embajadora estadounidense en Belarús, Julie Fisher, señala que “Lukashenko y su régimen mostraron hoy nuevamente su desprecio por la comunidad internacional y sus ciudadanos. Fingiendo una amenaza de bomba y enviando MiG-29 para forzar a Ryanair a ir a Minsk para arrestar a un periodista de Nexta por cargos de motivación política es peligroso y aborrecible”.

La comunidad internacional enfrenta la decisión de tomar acciones más allá de las declaraciones esgrimidas contra el Gobierno de Belarús. Sin embargo, es altamente probable que la condena quede en palabras, y de existir sanciones, probablemente no tengan mayor efecto. Por las características de su sistema político, Belarús tiene poca dependencia internacional siendo sus relaciones más directas con Rusia, país con quien comercia en casi el 50%. De hecho, la Unión Europea tiene suspendidas un estrechamiento de relaciones económicas con Belarús como medidas de protesta ante las cuestionadas elecciones presidenciales.

A nivel aeronáutico, la OACI espera que la situación se resuelva de manera bilateral o entre las partes involucradas. No obstante, deja abierta la opción para que las partes puedan presentar quejas al Consejo de la OACI si así lo estiman conveniente.

Fotografía portada – Ryanair

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