El fracaso del multilateralismo en el sistema internacional es uno de los peores legados de la crisis producida por la pandemia del COVID-19. En más de un año de pandemia, los Gobiernos muestran su completo fracaso en el establecimiento de una armonización de políticas y procedimientos, pese a las recomendaciones de organizaciones internacionales y gremiales. La ausencia de normas comunes está dificultando el establecimiento una hoja de ruta para reactivar, proceso que al igual que la gestión de la pandemia, pareciera darse de manera individual por parte de los países.
Los carnés verdes o pasaportes sanitarios son la última herramienta de carácter transitorio que se establece para intentar volver a la normalidad. La industria de la aviación es pionera en impulsar este mecanismo, precisamente por la ausencia de políticas armonizadas por parte de los Gobiernos para reactivar los viajes internacionales. Se presenta también como una solución ante la falta de confianza que existen entre las autoridades de los distintos países, así como también frente a grupos de presión, respecto a los controles que se establecen o las pruebas requeridas, una falla de los propios Estado al no disponer de políticas adecuadas o mecanismos para facilitar el testeo masivo de la población.
Con la vacunación masiva contra el COVID-19 en curso, existe cada vez presión para avanzar hacia un verdadero desconfinamiento permanente. Cabe recordar que la vacunación es la gran promesa de los Gobiernos y organismos de salud para superar la pandemia y recuperar la normalidad. Por lo mismo, no se entiende que las autoridades mantengan restricciones en el tiempo si se avanza en el proceso de vacunación. En términos sencillos, si las autoridades no levantan las restricciones prácticamente le habrían faltado a la verdad a sus ciudadanos y generaría sospechas que las medidas son más de índole político que sanitario.
Algunos países así lo entienden y ya están inmersos en un proceso de salida evidente como los Estados Unidos, Israel, Reino Unido. Otros asumen la realidad de que el COVID-19 se volverá una enfermedad endémica, es decir, que estará de manera permanente en la sociedad. Por consiguiente, se debe convivir con el virus del SARS-CoV-2 y sus variantes, tal como lo hacen Brasil, Colombia, Ecuador, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, México, entre otros, que toman una decisión política en esa línea, mientras esperan la vacunación de su población.
En el mundo real, resulta utópico pensar en un confinamiento permanente de las poblaciones como mecanismo de solución a la pandemia. Las últimas cuarentenas aplicadas en distintas partes del mundo demuestran su poca efectividad para disminuir los contagios dado que el virus está presente “en todos lados” y las consecuencias de estas políticas generan numerosos efectos negativos para la economía, la vida diaria de las personas, sin mencionar otros problemas de salud.
Ante esta situación, el carné verde o pasaporte sanitario cobra fuerza por las ventajas que genera a corto plazo y por tener una rápida viabilidad de implementación. Por su naturaleza, levanta una discusión no menor en el espectro político y social de los países, especialmente por tratarse de un instrumento que establece una evidente discriminación de las personas por el sólo hecho de estar o no vacunado contra una sola enfermedad como es el COVID-19.
Entre los factores a favor destacan la posibilidad -o esperanza- de que se armonicen las políticas de viaje entre los países y se recuperen las libertades que están seriamente comprometida por decisiones unilaterales impuestas por los Gobiernos o por presión de algunos sectores. Por ser un documento oficial, como una cédula de identidad o pasaporte, sería una forma de dar confianza en el largo plazo mediante un instrumento válido que es posible verificar, lo que también implica compartir datos de las personas. Otro factor a favor es el incentivo que produciría para vacunarse por la sencilla razón de los beneficios a los que accedería la población con la emisión de este documento.
Como factores en contra están la abierta discriminación y clasificación de las personas lo que atenta directamente contra libertades y derechos que los propios países garantizan a su población a través de normas de convivencias como una Carta Magna, por ejemplo. También está la posible vulneración de información privada de las personas. Si bien esto último es un punto debatible, es un argumento que pierde fuerza dado que en el mundo moderno las personas diariamente comparten datos mediante distintas aplicaciones y herramientas (tarjetas de crédito, cédulas de identidad, registros en línea, juegos, redes sociales, etc.). Un aspecto que si preocupa es la adopción de un camino que puede ser catalogado como peligroso en el cual el individuo acepta a vivir en una sociedad a base de permisos administrado por una burocracia de turno que atenta contra cualquier libertad. También puede ser un mecanismo de acción política como para atacar disidencias de manera indirecta.
Si bien el carné verde o pasaporte sanitario puede ser una herramienta de solución inmediata, es preciso mencionar que no será universal. La vacunación contra el COVID-19 en todos los países es un acto voluntario dentro del libre ejercicio de las personas. Además, existen grupos que por razones personales de creencias, edad o incluso de salud no pueden recibir las dosis aprobadas. En ese contexto, surge la pregunta si es válido dejar a personas fuera del sistema por razones personales o incluso sanitaria aún cuando en su voluntad quieran recibir la vacuna contra el COVID-19. Por todo lo anterior, de implementarse un pasaporte sanitario debe ser manera temporal acotada como todas las medidas sanitarias adoptadas.
En la industria aérea global, se apoya la creación de un carné verde o pasaporte sanitarios por ser una forma válida de devolver a las personas sus libertades como cuando y donde viajar. Es también un mecanismo para armonizar las políticas ingreso a los países, terminar con los cierres de fronteras y las cuarentenas. Si bien hay apoyos a la medida, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) como otros organismos y empresas de aviación están más a favor del desarrollo de aplicaciones para reunir la información, documentación de salud y pruebas o certificados que los Gobiernos emitan, que no es lo mismo que un documento sanitario.
Fotografía portada - SITA