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    South African Airways sale de la protección judicial, pero sin tener fecha para reanudar vuelos

    Después de 17 meses de estar bajo una administración judicialmente protegida, South African Airways asegura que sus finanzas están bajo control y que está lista para volver a operar con un modelo de negocios más sustentable. Pese a ello, la firma todavía no cuenta con fechas certeras para reanudar los vuelos mientras sigue pendiente el rescate de la empresa por parte del Gobierno o mediante la búsqueda de nuevos inversionistas.

    En diciembre de 2019, South African Airways se somete a una medida judicial similar a un Capítulo 11 o un concurso mercantil para protegerse de una eventual quiebra y desaparición. Pese a que mantiene sus operaciones regulares, llega a la crisis del COVID-19 con un escenario altamente adverso que fuerza a la paralización de sus actividades determinada por un rescate financiero por parte del gobierno sudafricano que nunca llega.

    Es así como durante todo 2020, el Gobierno de Sudáfrica explora distintas propuestas de rescate. Las alternativas provienen del Departamento de Empresas Públicas (DPE, por sus siglas en inglés) -mismo organismo que administra a la línea aérea-, inversionistas de capital, sector privado y posibles socios de la línea aérea, aunque no se identifica a ninguna de las partes involucradas.

    La posición oficial es seleccionar propuestas “creíbles” para asegurar inversiones y alianzas estratégicas, además de una participación de los empleados como un mecanismo de seguridad en la gestión. Uno de los objetivos más inmediatos es mantener la mayor cantidad de aviones -algo poco probable en la actualidad- con el fin de asegurar la operación una vez que vuelvan los vuelos, además de un monto aproximado por US$578 millones para impulsar a la nueva línea aérea.

    La última propuesta conocida es una oferta realizada por Ethiopian Airlines que promete, mediante un acuerdo de negocio conjunto (JBA) respaldado por los Gobiernos de Etiopía y Sudáfrica, aviones, pilotos y servicios de mantenimiento para volver a impulsar a South African Airways.

    La fórmula del JBA estaría orientada para que Ethiopian y South African Airways compartan sinergias y generen ingresos en rutas de larga distancia desde y hacia Sudáfrica, siendo la línea aérea etíope la más beneficiada. Dado que actualmente no están siendo cubiertas, la salida del mercado de la línea aérea sudafricana abre la puerta para que muchas rutas internacionales queden en manos de compañías aéreas extranjeras. En la práctica, es la incorporación de la línea aérea sudafricana al alero de la firma etíope. En los vuelos domésticos y tramos medios en el sur de África, el interés es menor dado que es altamente probable que otra línea aérea pueda asumir operaciones, ya sea a través de Mango, filial de bajo costo y tarifas bajas (LCC, por sus siglas en inglés) de South African Airways, Airlink, Kulula.com o Comair, entre otras.

    El término de la protección judicial es la devolución de la empresa a su directorio y equipo ejecutivo destacando que ahora es -o puede ser- una empresa solvente. El trabajo ahora es buscar la fórmula de reiniciar las operaciones con un plan de inversiones.

    Por ahora, DPE señala que el actual gobierno continúa en “etapas finales” de negociación con un posible socio preferente para la nueva línea aérea. Esperan cerrar un acuerdo de compra y venta en las próximas semanas. Mientras tanto el gobierno señala que este mecanismo permitirá “el rescate y surgimiento de una línea aérea de bandera competitiva”, un argumento utilizado por muchas administraciones públicas en empresas aéreas.

    El caso de South African Airways es comparable al de Aerolíneas Argentinas o Alitalia. Bajo una administración estatal, la empresa está sobredimensionada y funciona a pérdidas sin un debido control hasta tal punto que el propio Estado no puede costear a la línea aérea sin descuidar las otras necesidades de la población. En estos tres casos, la gestión estatal no deja de estar sometida a cuestionamientos por parte de la opinión pública -y política- por los constantes aportes, gastos innecesarios, malos manejos y escasos resultados financieros, denuncias de corrupción, rol del transportista o el debate de la conveniencia de que el Estado sostenga una empresa y una actividad que puede ser realizada por un privado con mejores resultados y a menores costos.

    Fotografía portada – Airbus

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