El escalamiento de la protesta social y violencia política en Colombia puede tener impactos en la renovación de material aéreo militar. A las críticas por la Reforma Tributaria en ese país, factor gatillante de la actual situación en las calles colombianas, se suman ahora los cuestionamientos al excesivo gasto militar del Gobierno, especialmente ante una gran crisis económico, el aumento de la pobreza y el factor sanitario.
Según la organización no gubernamental Oficina Internacional de Paz, Colombia es el segundo país de la región que más invierte en gasto de defensa. Los cuestionamientos a la administración del Presidente Iván Duque están directamente relacionadas a la adquisición de una serie de aeronaves que reemplazarían a los 21 Israel Aircraft Industries (IAI) Kfir adquiridos entre 1989 y 1990.
Para encaminar dicha renovación, Colombia necesita unos US$4.500 millones. Por la importancia estratégica del proceso, además del entorno geopolítico del país se espera que el concurso atraiga el interés de varios fabricantes.
Tomando en consideración la relación histórica e involucramiento de los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas colombianas, Lockheed Martin aparece como un candidato probable con el F-16 Block 70. Sin embargo, en el último tiempo Saab viene entrando con fuerza con el Gripen para lo cual apuesta a su asociación público-privada en Brasil. La compañía sueca se considera como un probable ganador del concurso y en ese contexto asegura que podría ensamblar y distribuir las eventuales unidades colombianas a través de Brasil.
No se descarta que otros fabricantes también se hagan partícipes del concurso colombiano. Entre las probables están Boeing con el F-18 o Airbus que, según trascendidos, estaría ofreciendo 15 Eurofighter de última generación. A estas empresas, se agrega también IAI con una nueva versión del Kfir apostando a una continuidad operacional.
Como todo proceso de compra de material aéreo, los contratos consideran además de las aeronaves equipamiento adicional, asistencia para el mantenimiento, armamento y futuras cooperaciones, entre otros aspectos. La decisión también está condicionada a las exigencias y acuerdos que los países de los fabricantes coloquen y de la forma como Colombia aborde su relación en el sistema político internacional.
Existen aspectos a favor y en contra de la renovación de los Kfir colombianos. A favor, está la necesidad de mantener actualizadas a las Fuerzas Armadas y equipamientos para enfrentar las múltiples amenazas a la seguridad del país, sean internas como externas. Las críticas al escaso avance estipulado en el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puede ser interpretado como un riesgo a la seguridad interna, a lo que se agrega todo lo relacionado con el crimen organizado del mundo moderno (narcotráfico, terrorismo, por ejemplo) que demandan atención y en algunos casos, el uso legítimo de la fuerza.
Como otro punto a favor de la continuidad del proceso, es el balance de poder entre los países, especialmente ante las amenazas que puede representar Venezuela tanto para la estabilidad del país como de la región. Debido al cambio de Gobierno en los últimos años, Caracas reemplaza su provisión de material aéreo y repuestos de países de occidente (Estados Unidos, Reino Unido, y otros) con material de oriente como Rusia y China. La compra de los Sukhoi Su-30 es un ejemplo de ello. Además de la modernización militar, la incursión política venezolana en la región es vista como una amenaza a la estabilidad de los países. Recientemente, los Kfir colombianos habrían interceptado un avión ruso Ilyushin Il-96-400VPU en la frontera norte de Colombia con Venezuela.
En contra, están la reciente modernización de los aviones al estar equipados con un radar AESA Elta ELM-2052, lo que para muchos hace que no sea necesario realizar una renovación inmediata, sino que podría ser pospuesta unos años a la espera de mejores condiciones políticas y económicas. La Fuerza Aérea de Colombia (FAC) es pionera en el uso de esa tecnología en la región.
También están las críticas de sectores opositores a los últimos gobiernos por no avanzar hacia una mayor eficiencia de la gestión pública de defensa y de empresas a cargo en lugar de cargar la modernización a la población y en sectores que se oponen a un rol más activo de las cúpulas militares en el poder político.
La protesta social, violencia e insurrección política en Colombia vuelven a poner en la palestra el clásico debate de la economía política: ¿comprar cañones o mantequilla? Como en muchas situaciones de crisis la decisión y gestión que el gobierno o dirigentes políticos realicen son determinantes. La práctica muestra que una administración firme con capacidad de gestión a todo nivel puede satisfacer adecuadamente ambos fines. Sin embargo, si administración es débil y cede a las presiones, probablemente no sólo se cancele la renovación, sino que también se abra la puerta a otras acciones o petitorios que deriven en un entorno más incierto.
Fotografía portada - Fuerza Aérea de Colombia