Pese a que inicialmente se trata de una medida por sólo 30 días durante abril, el Gobierno de Chile no cumple con sus anuncios y extiende el estricto cierre de fronteras por un periodo similar. El anuncio lo da conocer el ministro de Salud Enrique Paris en su habitual conferencia de reporte de casos y anuncios en materia por la pandemia por COVID-19.
Al igual que abril, el cierre de fronteras es total por un mes. Los ingresos a Chile están prohibidos para ciudadanos extranjeros, mientras que los ciudadanos chilenos y extranjeros residentes pueden ingresar al país de acuerdo con las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud. Dichas disposiciones consideran el alojamiento hotel transitorio por cinco días, además de las pruebas PCR negativas con 72 horas previas al ingreso a Chile, independiente del país de procedencia. Todos los costos deben ser asumidos por los viajeros con valores totales que en algunos casos pueden ser iguales o incluso superiores a los pasajes aéreos en algunas tarifas más bajas.
Las disposiciones gubernamentales también impiden los viajes desde Chile hacia el exterior, salvo aquellas calificadas como “fundamentales” por la autoridad. En actitudes similares a regímenes autoritarios, los pasajeros calificables para viajar deben solicitar un salvoconducto para salir de Chile. Sólo se aceptan viajes por motivos de salud, “trabajo esencial para el país” o un viaje sin retorno.
Los daños son catastróficos para la población que prácticamente sigue afectada en sus derechos de libre desplazamiento, para la industria aérea y para la del turismo y de los viajes que no ven panorama de reactivación a diferencia de otros países que ya asumen la realidad de convivir con el COVID-19 o tienen un plan de apertura. Sin embargo, por los efectos derivados de la actividad aérea y turística la medida también compromete a otros sectores económicos del país dificultando la capacidad de reactivar y generar empleo y directo. También se advierten un incremento en los conflictos con el Estado, especialmente en el rubro de las concesiones aeroportuarias que dependen del tráfico internacional debido a los desequilibrios económicos que la propia autoridad produce y más restricciones de oferta para la carga por la reducción drástica de capacidad por parte de las líneas aéreas.
Como consecuencia directa del cierre de fronteras, las líneas aéreas que operan en Chile suspenden gran parte de sus operaciones a Santiago y aquellas que se arriesgan a mantener algunos vuelos lo hacen por fines humanitarios de repatriación o bien por transporte de carga. No obstante, el golpe a la aviación es importante, aun más grave que en 2020 por la ausencia de reactivación y por propiciar una reducción de compañías aéreas y número de vuelos.
Hasta el 26 de abril, sólo operan Aeroméxico, Air France, American Airlines, Delta, Iberia, JetSMART, LATAM, SKY y United con frecuencias muy reducidas y cuya capacidad está disponible a sólo quienes puedan viajar. No se descarta que el número de frecuencias se reduzca a medida que existan menos necesidades de repatriación o viajes tal como ocurre durante el primer cierre de fronteras en 2020, uno de los más extensos de la región junto con Argentina, Venezuela y Uruguay.
Pese al duro impacto que supone, la extensión del cierre de fronteras más allá del 30 abril está dentro del escenario altamente esperado. Algunas líneas aéreas asumen que mayo será un mes muy adverso tomando en cuenta el actuar de las autoridades y el fuerte incremento del conflicto político, con una oposición tiene al factor sanitario como un instrumento de negociación y presión ante un gobierno de Piñera que busca mantenerse a flote.
Cabe recordar que desde comienzos de abril, sectores políticos opositores y algunos gremios declaran una “guerra abierta” al actual gobierno. Previamente, la actual administración coloca medidas restrictivas (como los hoteles sanitarios) que tácitamente significan un cierre encubierto de fronteras por el negativo impacto que genera en la demanda. Sin embargo, ante presiones para cambiar la fecha de los comisiones constituyentes y edilicios, se pide un nuevo y cierre de fronteras en una especie de consigna sanitaria y abiertamente popular que medios de prensa masivos repiten sin descanso ni información.
Ante el abandono de todo tipo de convicciones y evidente ausencia de un manejo político, no hay señales -o son muy pocas- para suponer una decisión política de apertura de las fronteras chilenas en la actualidad, pese a la estabilización de los nuevos contagios diarios y los avances en el proceso de vacunación. Con las elecciones de mediados de mayo ya atrás, la presión política debiera disminuir hacia junio al igual que el número de casos creando un escenario más propicio. No obstante, la decisión política es determinante.
Actualmente, Sebastián Piñera posee una histórica aprobación mínima de 9,0% según las últimas encuestas de opinión (datos de CADEM 26 de abril), siendo la segunda más baja de su gobierno y califica dentro de las más bajas de la historia de Chile. También enfrenta fuertes críticas de la población que demanda más ayudas económicas de parte del Estado con el conflicto político por el tercer retiro de los fondos de pensiones como “bandera de lucha” levantada por la oposición a su mandato. En ese contexto adverso, una apertura de las fronteras sería sumar un frente más en su contra tomando en cuenta “el castigo” que políticos, medios de prensa masivos y algunos sectores de la población le han dan a la aviación.
Sin alternativas, ausencia de medidas de apoyo para la industria aérea y la ausencia de hoja de ruta, el nuevo cierre de fronteras retrasa cualquier plan de reactivación y sigue amenazando a los más de 190.000 empleos directos e indirectos que genera la actividad aeronáutica en el país. Así, el segundo trimestre aparece como el más negativo del año, al igual que el mismo periodo de 2020. Las decisiones cambiantes a la presión política imponen un escenario altamente incierto y un periodo posterior a mayor marcado por una alta volatilidad que ni aporta a la superación de la emergencia. La flexibilidad será el instrumento con el cual líneas aéreas y los viajeros puedan enfrentar el periodo.
Como país alejado de los grandes centros productivos globales y con una geografía natural compleja -y hasta adversa-, Chile necesita del transporte aéreo para funcionar. La conectividad aérea es necesaria para mover a las personas sino también para el comercio, incluyendo las exportaciones e importaciones, las que en su mayoría se realizan en las bodegas de las aeronaves de pasajeros (bellies). Si bien algunas compañías aéreas compensan con más vuelos cargueros o con la realización de vuelos de carga en aviones de pasajeros, la oferta y demanda sigue reducida. Según datos de la Junta Aeronáutica Civil (JAC), el periodo enero-marzo 2021 se movilizan 94.115 toneladas de carga en vuelos internacionales, cifra menor a las 109.207 a las transportadas en el mismo periodo 2019.
Con Argentina y Chile con extensos cierres de fronteras, el cono sur de América se transforma en un mercado cerrado distinto a la realidad del resto del continente que avanza hacia una reactivación, pese al aumento o disminución de casos por COVID-19 como parte de la evolución natural de cualquier enfermedad.
Fotografía portada - Ricardo J. Delpiano