Pese a estar calificado como “un ejemplo en vacunación” a nivel mundial, a los mayores conocimientos de que se tienen de la enfermedad y los protocolos establecidos, Chile experimenta un retroceso sin precedentes. Más allá de las afecciones que se esperan a toda la industria del transporte aéreo por las limitaciones de movilidad y el cierre de fronteras, las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de Chile trastocan varias de las libertades individuales y el diario vivir en el territorio nacional.
Acompañando a las descoordinadas e improvisadas medidas anteriores colocadas, el Gobierno de Chile de Sebastián Piñera implementa desde el lunes 05 de abril un cierre de fronteras completo para ciudadanos chilenos, extranjeros residentes y la prohibición de ingreso de ciudadanos extranjeros y la salida del país de personas, a excepción de aquellas que lo hagan por una actividad que el gobierno lo califique como esencial.
La medida tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha mencionada. Sin embargo, presiones políticas abren espacio para un escenario altamente incierto en el cual no se descarta que las medidas anunciadas se puedan extender en el tiempo como ocurre en otros países bajo el argumento de las razones sanitarias.
Cabe mencionar que los anuncios se dan bajo una creciente presión política dentro de un periodo electoral en un país fuertemente polarizado donde sectores oposición y gremios declaran abiertamente una “guerra” al gobierno. En ese contexto, condicionan su actuar a cambio de la imposición de una serie de medidas aprovechando el contexto de la pandemia y el aumento de los casos.
En el aspecto estrictamente aeronáutico, las líneas aéreas y los aeropuertos anticipan una drástica reducción de su actividad con los daños que representan en la esencial conectividad del país, incluyendo las afecciones al transporte de carga por la reducción en capacidad de bodega que se espera con la cancelación masiva de vuelos. Una detención forzada propiciada totalmente por factores externos que complica seriamente las proyecciones de reactivación en una industria que, a diferencias de otros países, no recibe ayudas ni beneficios de parte del Gobierno. En el caso específico de los aeropuertos, se considera un mayor desequilibrio financiero que puede intensificar los conflictos que algunos mantienen con el Estado. El más afectado es el aeropuerto de Santiago.
De acuerdo con lo anunciado por las autoridades del Gobierno de Chile, el cierre de fronteras es por 30 días durante abril para chilenos y extranjeros residentes. Incluye, la restricción a la salida de pasajeros porque los viajes al exterior de Chile están prohibidos por 30 días para chilenos y extranjeros residentes.
El Gobierno de Chile sólo permitirá a través de la “Comisaria Virtual”, mediante un formulario, solicitar una autorización extraordinaria para viajar al exterior. Dicho permiso será sólo por motivos urgentes y humanitarios, tratamientos de salud o gestiones imprescindibles relacionadas sólo con la “marcha adecuada del país”.
También por 30 días, queda prohibido el ingreso de extranjeros no residentes en Chile. Sólo quedan exentos aquellos debidamente autorizados por la autoridad consular chilena en el país de origen, bajo criterios sanitarios fundados emitidos por la autoridad sanitaria en Chile.
Como consecuencia, es posible anticipar una cancelación masiva de vuelos para abril. Se espera que los vuelos disminuyan gradualmente con el transcurso de los días, ya que los servicios más inmediatos estarán destinados a atender a los pasajeros que querrán venir y los que saldrán antes del confinamiento.
Los vuelos internacionales son los más afectados con cancelaciones masivas, mientras que los vuelos domésticos se reducirán al mínimo. Se trata de una situación parecida al inicio de la crisis, cuando en abril 2020 llega a un mínimo histórico con una caída de 94,5% en vuelos domésticos e internacionales.
Dentro de Chile, probablemente las líneas aéreas se vean forzadas a consolidar vuelos ante la drástica baja del tráfico autorizado para viajar por lo que los pasajeros deben estar atentos a cambios en su itinerario. Como viene ocurriendo en esta crisis, la flexibilidad será la herramienta que dispongan los usuarios para modificar sus planes de viajes permitiendo cambiar pasajes o solicitar reembolsos.
A diferencia de 2020, la autoridad sanitaria chilena entrega un horizonte de temporalidad a 30 días. Sin embargo, como se advierte, no se descarta que la medida pueda ser extendida de manera voluntaria por el Gobierno o forzada en medio de una evidente tensión política.
Fotografía portada – Ricardo J. Delpiano
