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    Aeropuertos de regiones en Chile piden soluciones por “desequilibrio económico” provocado por las restricciones

    La controversia que mantiene Nuevo Pudahuel con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por conseguir un diálogo de mutuo beneficio para explorar soluciones a la crisis que enfrentan a los aeropuertos, conflicto que hoy tiene una demanda al Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), se extiende a regiones. En una especie de “bola de nieve” otras dos concesionarias aeroportuarias del país demandan soluciones por lo que consideran un “desequilibrio económico” en sus contratos.

    Se trata de los aeropuertos Carriel Sur de Concepción y El Tepual de Puerto Montt, administrados por ICAFAL y Sacyr-Agunsa, respectivamente, los que argumentan afecciones económicas provocadas por las restricciones de viaje que repercute en una drástica caída de la demanda y con ello en sus ingresos. Mientras el primer concesionario solicita -al igual que Nuevo Pudahuel- una extensión del contrato, en el segundo caso, pide recuperar la inversión solicitando a través del Panel Técnico de Concesiones que el MOP pague al término de la concesión (mayo 2024) el déficit generado por la baja de tráfico ajustado a la fecha. No se descarta que otros concesionarios aeroportuarios soliciten ayudas o soluciones en los próximos meses.

    La situación es de esperar ante la extensión de la crisis provocada por el COVID-19 y las restricciones impuestas por el Estado que limitan el funcionamiento de la actividad de los aeropuertos. Las afecciones se manifiestan no sólo en términos de demanda, sino que también en la posibilidad de generar ingresos adicionales a través de los distintos negocios y servicios subconcesionados que funcionan en las dependencias concesionadas. Si bien el tráfico aéreo doméstico se encuentra en un nivel de mayor de reactivación en comparación con el tráfico internacional, el volumen de pasajeros sigue en niveles bajos en comparación a 2019 o a las proyecciones bajo las cuales se licitan los terminales aéreos.

    De acuerdo con datos de la Junta Aeronáutica Civil (JAC), el tráfico doméstico de pasajeros en Chile termina en 2020 con un movimiento de 6.380.708 pasajeros. En comparación con 2019, la cifra muestra una reducción del 57,4%, es decir, que a fecha de hoy, continúan volando menos de la mitad de los pasajeros que lo hacían previo a la pandemia lo que refleja que las afecciones económicas aún existen.

    La extensión de la crisis tiene en riesgo a los aeropuertos de Chile como del mundo. Por lo mismo, desde este sector y al igual que el resto de las líneas aéreas se hace un llamado a la cooperación para explorar soluciones. Desde el inicio de la pandemia y la imposición de las restricciones, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) declara que la situación es una crisis sistémica que afecta a todo el sector por igual, particularmente a los aeropuertos y a las líneas aéreas. Ante esta situación, se pide un apoyo para evitar un colapso del sistema.

    En el caso de Chile, se apela a la llamada “alianza público-privada”, concepto instaurado con el sistema de concesiones y que hasta la fecha demuestra ser beneficioso para el desarrollo de la infraestructura del país y para los usuarios al proveer de una mejor calidad de servicio. En el país, al 10 aeropuertos y aeródromos de regiones, además de Santiago, tienen una administración mixta privada-pública, es decir, bajo una concesión del MOP. El resto de los terminales aéreos son públicos administrados por Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

    Por las características del tráfico aéreo de pasajeros y las operaciones de las líneas aéreas, en Chile los aeropuertos de regiones son receptores de lo que ocurre en Santiago. Si existe una baja en el tráfico u otra incidencia en Arturo Merino Benítez esta se extiende al resto de los aeropuertos y aeródromos, siendo los más afectados aquellos que cuentan con alternativas de medios de transporte. A nivel general dos factores son los que impactan: restricciones a la movilidad doméstica y el cierre de fronteras (por privar de un tráfico de alto valor).

    ACI plantea que la sostenibilidad financiera de la industria aeroportuaria está amenazada y con ello toda la cadena. Por consiguiente, se vuelve difícil cubrir los costos operativos y cumplir con las obligaciones que se tienen con los Estados en el caso de una concesión, situación que en el caso chileno aún no ocurre. Cualquier afección, incluyendo una profundización de la crisis y un escalamiento del conflicto no es favorable. La primera porque priva al Estado de ingresos que son necesarios para atender las necesidades del sistema aeronáutico como de otros planes públicos que benefician a la comunidad y la segunda, porque genera un daño a la imagen que por años ostenta el país.

    A mediados de 2020, los aeropuertos concesionados chilenos se unen bajo el alero de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA). El motivo es analizar el escenario que enfrenta la industria aérea, especialmente para los aeropuertos, y dimensionar las posibles transformaciones a desarrollar para sortear el actual escenario.

    El grupo lo integran las sociedades concesionarias de aeropuertos de Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique, Andrés Sabella de Antofagasta, El Loa de Calama, Desierto de Atacama de Copiapó, La Florida de La Serena, Carriel Sur de Concepción, La Araucanía de Temuco, El Tepual de Puerto Montt, Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas y Arturo Merino Benítez de Santiago. Una de sus primeras funciones es constituir una mesa de trabajo con MOP para presentar una visión de la problemática que enfrentan los aeropuertos concesionados de Chile.

    El objetivo es lograr un equilibrio económico de las concesiones en curso y de los proyectos por desarrollar, entre otros asuntos. Más que crear un punto de conflicto con la autoridad lo que se busca es una instancia de diálogo de la cual surjan mecanismos para fortalecer el modelo de concesiones como instancia de reactivación para Chile.

    A nivel de industria, la coordinación y cooperación con los Gobiernos es fundamental para enfrentar las consecuencias negativas que se avecinan tanto en las pérdidas que todo tipo de empresas enfrentarán, al igual que las afecciones a los usuarios y a las fuentes de empleo seriamente comprometidas. Por los impactos de 2020 y la extensión de las medidas restrictivas, incluyendo la época de mayor demanda, se requiere tomar a la brevedad posibles medidas para reducir el impacto de la crisis y evitar que las consecuencias sean aún mayores.

    Fotografía portada - Luis Colima

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