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    Senadores piden comisión y sesión especial para analizar la situación del aeropuerto de Santiago

    En un nuevo escalamiento del conflicto entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Nuevo Pudahuel, sociedad concesionaria que administra y construye el aeropuerto de Santiago, los senadores Juan Pablo Letelier (Partido Socialista) y Francisco Chahuán (Renovación Nacional) piden una sesión en la comisión de Transportes y, otra especial en el Senado, para analizar la situación del aeropuerto y explorar eventuales soluciones. Los parlamentarios muestran una fuerte preocupación por la forma y el fondo de cómo el MOP está manejando las conversaciones que, a fecha de hoy, advierten un negativo impacto no sólo para la empresa sino que para el país.

    “Queremos expresar nuestra preocupación respecto a lo que está pasando con la concesión del aeropuerto de la Región Metropolitana. Se trata de una concesión muy importante para el país que se proyectó hace muchos años”, dice el senador Juan Pablo Letelier, miembro de la comisión permanente de Transportes y Telecomunicaciones en la tarde del miércoles 06 de enero. “No podemos no reconocer dos hechos: que en esta concesión se fijaron reglas distintas a otras concesiones de otros tiempos; y nadie sabía que iba a haber una pandemia donde los aeropuertos han reducido al 10% su actividad”.

    El senador Letelier menciona la capacidad de resiliencia de la industria aérea y producto de esto, infiere que los aeropuertos se van a recuperar, pero no lo harán de inmediato. Ante este escenario y la inversión realizada, amerita una reflexión para estudiar como el inversionista (Nuevo Pudahuel) recupera sus recursos dada la situación de fuerza mayor como a pandemia.

    A fecha de hoy, la concesión todavía no obtiene las utilidades derivadas de su contrato en el aeropuerto de Santiago. Sus compromisos están relacionados con los bancos a los que debe cumplir con los pagos de los créditos contraídos para hacer frente a las obras de construcción, mejoramiento de los servicios y administración del terminal aéreo. En paralelo, cumple con la obligación de pagar el canon al Estado de 77,56% de ingresos totales aportando a la fecha más de US$1.000 millones al fisco chileno. Por consiguiente, los pagos de las cuotas se realizan con parte del 22,44% restante.

    Por la drástica caída en la demanda que se impone por las medidas que adopta el Gobierno de Chile para intentar contener la pandemia, entre las que están las restricciones de viaje y cierre de las fronteras, el concesionario Nuevo Pudahuel solicita un diálogo con el MOP para conversar sobre la posibilidad de extender la concesión. Sin embargo, la petición hasta la fecha no es acogida por la autoridad ministerial a quien acusan de un cierre de puertas.

    En octubre, Xavier Lortat-Jacob, gerente general de Nuevo Pudahuel, muestra su preocupación por el rumbo que toma el país con las decisiones del Gobierno de Chile, especialmente cuando se cierran las puertas a un diálogo normal que debe existir en el marco de una “alianza público-privada”. En su opinión, la coyuntura actual del COVID-19 es un riesgo exógeno que obliga a adaptar el contrato con una posible extensión de la concesión.

    La empresa indica que se deben sentar las bases para compensar lo perdido. No se menciona la cantidad de años en los que el contrato se debe extender porque hasta la fecha no hay claridad cuando se comienza a reactivar el sector. Las recientes restricciones impuestas por la administración de Sebastián Piñera son un ejemplo de limitaciones que impiden tener claridad a corto, mediano y largo plazo.

    “El ministro Alfredo Moreno rechazó la posibilidad de conversar…Estamos desconcertados frente a esta posición porque Chile es reconocido por su activa atracción y cuidadosa relación con los inversionistas”, sentencia Lortat-Jacob en octubre a El Mercurio (11/10/2020).

    La falta de diálogo sigue comprometiendo el esquema normal de relaciones que debe. Mientras se escala de nivel y aumenta la visualización del conflicto queda en duda la cooperación y las responsabilidades de las partes, especialmente el sector público, que en este caso, condiciona la normal operación por la imposición de restricciones. La falta de respuestas y soluciones amenaza la imagen país construida por Chile en términos de seguridad y confiabilidad para inversiones, lo que sienta un negativo precedente que fácilmente puede ser evitado.

    El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, mantiene la postura del Gobierno y en sus distintas intervenciones en prensa apuesta por continuar con el conflicto dentro de los canales definidos como puede ser el Panel Técnico del MOP (instancia ya recurrida en otras oportunidades por el concesionario del aeropuerto), los Tribunales de Justicia o incluso el arbitraje. Advierte incluso que si Nuevo Pudahuel no puede cumplir con el mandado, “están todas las normas para ser reemplazado”, tal como indica en radio Bío-Bío (07/12/2020).

    El largo proceso que se advierte no beneficia a la concesión -que ve aún más amenazada su situación financiera- y tampoco para el Estado de Chile, en términos de ingresos al fisco e imagen hacia el exterior. Tampoco es favorable para el país porque una quiebra del aeropuerto paraliza un actor clave en el desarrollo del sistema aeronáutico chileno. La concesión del aeropuerto de Santiago es la obra pública concesionada más importante de la historia chilena con montos de inversiones entre US$900 a US$1.000 millones a cargo de empresas de alto nivel como Aéroports de Paris (ADP), Vinci Airports y Astaldi Concessioni.

    Fotografía – Ricardo J. Delpiano

    “Manifestamos nuestra preocupación como el Ministerio de Obras Públicas ha manejado esta conversación que va más allá de la infraestructura del aeropuerto de Santiago, sino que guarda relación con los lineamientos con quienes hoy en día tienen en sus hombros la construcción de infraestructura en nuestro país”, expresa el senador Francisco Chahuán.

    Reconociendo la caída importante en el número de vuelos, cantidad de pasajeros y también en los impuestos que estos pagan, el senador Letelier suma también cuestionamientos frente al actuar del MOP en la materia. “Tampoco es correcto que el Estado de Chile haga quebrar a empresas y nos generemos una imagen internacional como país destinatario de inversiones que no reconoce el drama de la pandemia y el impacto que ha tenido sobre la industria aeronáutica y las inversiones asociadas”, puntualiza.

    Para los senadores lo que está en juego son dos aspectos fundamentales. Por un lado, está la operatividad de tener un aeropuerto completo y en pleno funcionamiento capaz de atender el tráfico aéreo y los recursos que se generan de la actividad aérea. Desde otro ámbito es el daño que el conflicto tiene en la imagen internacional de Chile.

    “Hacemos un llamado para que tengamos una comisión de Transportes y una sesión del Senado para abordar la situación del aeropuerto de Santiago y la licitación del mismo. Lo que está en juego es mantener plenamente operativo el aeropuerto y por eso nuestra preocupación”, reitera Chahuán.

    Fotografía portada – Ricardo J. Delpiano

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