El cierre de puertas por parte del ministro de Obras Públicas (MOP), Alfredo Moreno, a la petición de Nuevo Pudahuel para extender la concesión del aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago como compensación por las pérdidas ocasionadas por la pandemia del COVID-19 y restricciones impuestas por el Gobierno de Chile está lejos de terminar. A las declaraciones en medios de prensa, se suman reuniones bilaterales que incluyen reuniones con Cancillería y una apelación a la Presidencia de la República, evidenciando un escalamiento del conflicto hasta las más altas esferas.
Para la mayor concesión de la obra pública en Chile que involucra montos entre US$900 a US$1.000 millones de inversión, la drástica caída en la demanda y las restricciones de viaje impuestas por el Gobierno y la ausencia de ayudas como ocurre en otros países, tienen comprometida la liquidez de la empresa. Según Nuevo Pudahuel, la extendida situación y un escenario altamente volátil y adverso amenazan con producir la quiebra sociedad concesionaria. Por lo mismo, insisten en un pronto acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas.
Con una lenta recuperación de la demanda se proyecta que el aeropuerto de Santiago pierda 150 millones de pasajeros hacia 2025 (anualmente llega a movilizar hasta 24 millones de personas en 2019) lo que se traduce en una pérdida de ingresos, necesarios para sostener el modelo de negocios definido y cumplir con los pagos de los cánones de concesión al Estado (77,56% del total de ingresos). Dicha pérdida de pasajeros sería a fecha de la mitad de la concesión que finaliza en 2035, cuando las pérdidas podrían alcanzar a los 250 millones.
En el corto plazo, la falta de ingresos en estos nueve meses compromete el pago de las deudas con los bancos que financian el proyecto, principalmente de construcción donde se enfocan los recursos. Actualmente, la obra avanza de acuerdo con el cronograma establecido encontrándose a un 90% de avance y se espera que inaugure en el segundo semestre 2021. A la fecha, Nuevo Pudahuel asegura un aporte al fisco de más de US$1.000 millones desde su llegada en octubre 2015.
La apelación al Estado responde a las responsabilidades que este tiene en el sistema de concesiones como garante de las inversiones. Cabe señalar que por Ley de Concesiones, es este quien tiene la responsabilidad de asegurar una recuperación de la inversión. En el capítulo VII artículo 28 ter. de dicha Ley se establece que el concesionario tiene derecho a una indemnización equivalente al valor de las inversiones realizadas, excluyendo gastos financieros y llevadas a un valor futuro. A esto se agrega un porcentaje del valor presente de los beneficios netos esperados del negocio concesionado.
La falta de diálogo compromete el esquema normal de relaciones que debe existir en una alianza público-privada de concesiones. Mientras se escala de nivel y aumenta la visualización del conflicto queda en duda la cooperación y las responsabilidades de las partes, especialmente el sector público, que en este caso, condiciona la normal operación por la imposición de una serie de restricciones. El escalamiento y falta de respuestas amenaza la imagen país construida por Chile en términos de seguridad y confiabilidad para inversiones, lo que sienta un negativo precedente que fácilmente puede ser evitado.
El ministro Moreno mantiene la postura del Gobierno y en sus distintas intervenciones en prensa apuesta por continuar con el conflicto dentro de los canales definidos como puede ser el Panel Técnico del MOP (instancia ya recurrida en otras oportunidades por el concesionario del aeropuerto), los Tribunales de Justicia o incluso el arbitraje. Advierte incluso que si Nuevo Pudahuel no puede cumplir con el mandado, “están todas las normas para ser reemplazado” como indica en radio Bío-Bío (07/12/2020).
Bajo el escenario actual, se advierte un proceso largo que no beneficia a ambas partes, especialmente para el Estado chileno. No sólo vería dañada la mayor obra pública concesionaria, sino que paralizaría a un actor clave en el desarrollo del sistema aeronáutico chileno como es el aeropuerto de Santiago. La ausencia de conducción política de la presente administración tampoco pareciera entregar señales que propicien una solución inmediata. En ese sentido, se trata de un frente abierto de alto nivel que puede ser evitable.
En épocas de crisis, en la industria aérea se insiste en la cooperación como la mejor forma de trabajar, evitar mayores controversias y enfrentar periodos adversos. Por lo mismo, la posición asumida por las autoridades toma distancia del camino seguido por Chile en años anteriores, mismo por el cual es reconocido internacionalmente en materia de aviación. Dicha percepción viene alimentada durante los meses de pandemia, especialmente ante la falta de ayudas al sector por parte del Gobierno y la sensación de un práctico abandono.
Fotografía portada – Nuevo Pudahuel
