Asumiendo una realidad de convivencia con el virus por un largo tiempo, pero con la necesidad de impulsar la economía para reactivar el país, Colombia elimina el requisito de contar con resultado negativo de prueba PCR para COVID-19 para viajeros internacionales. La medida es única en una región que recién comienza a abrir las fronteras y por lo mismo no deja de ser cuestionada, tomando en cuenta que la prueba PCR gradualmente se establece como estándar para dar confianza a la población de que las personas que ingresan a cada territorio no están contagiadas.
Se trata de una estrictamente política y orientada a impulsar la economía apostando por el turismo como herramienta catalizadora de empleos. La decisión se une a otras medidas anunciadas por el Gobierno como eliminar el IVA para ciertos días y una reducción de este impuesto en 5% para los pasajes aéreos. La intención busca aprovechar la apertura de fronteras y el aumento gradual de la capacidad de las líneas aéreas para colocar a Colombia como destino atractivo en la región.
El Gobierno de Colombia pareciera ver en la prueba PCR para COVID-19 una especie de limitante para reactivar la demanda para la próxima temporada de vacaciones y por lo mismo decide eliminarla. Sin embargo, bajo el escenario actual, el examen no representa un obstáculo sino que por el contrario es un instrumento que brinda seguridad a la población. Por lo mismo, la propia industria aérea promueve la toma de prueba PCR previo al embarque como herramienta temporal estandarizada para dar la seguridad sanitaria que se necesita en reemplazo del cierre de fronteras y las cuarentenas que no aportan a la recuperación económica.
Tras la resolución, Julián Fernández, director (e) de Epidemiologia y Demografía, señala que los requisitos previos al vuelo son, en primera medida, no presentar fiebre o síntomas respiratorios asociados al COVID-19. “De igual manera, se impedirá el abordaje a aquellos viajeros que no hayan diligenciado previamente la aplicación Check– Mig”, agregando que estas disposiciones se hacen en el marco de la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS).
Las líneas aéreas tienen la obligación de informar a los pasajeros que al llegar a Colombia serán objeto de seguimiento por parte de su asegurador, la secretaría de Salud o a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR). También encarga a los operadores de los aeropuertos el compromiso de recordar a los pasajeros el uso de mascarillas obligatorio para toda persona mayor de dos años durante todas las fases de viaje.
El gobierno del Presidente Iván Duque entrega prácticamente la responsabilidad a las personas que deben apostar por el autocuidado para evitar complicaciones por COVID-19. Además de tomar las precauciones antes del viaje (para asegurar su condición de persona sana), se recomienda evitar en la medida de lo posible el uso del baño en los vuelos de menos de dos horas y llevar múltiples mascarillas o tapabocas para los viajes y permanecer en el asiento asignado durante el vuelo.
En el nuevo acto administrativo se dispone que los pasajeros deben responder al rastreo y seguimiento estricto que realizará la EPS o la secretaría de Salud de la jurisdicción donde permanece. La medida aplica tanto para nacionales como para extranjeros. Adicionalmente, las personas deben reportar a las instituciones si durante los 14 días posteriores a su viaje presentan síntomas sospechosos de COVID-19 y seguir las medidas indicadas, las cuales deben ser costeadas por los viajeros en caso de no estar asegurado.
El término de la exigencia de PCR negativo para COVID-19 es válido sólo para el ingreso a Colombia. Por consiguiente, los pasajeros que salen de ese país deben acatar la normativa y medidas que el país de destino impone.
El cambio en la resolución gubernamental también establece como requisito que las líneas aéreas deben designar un baño exclusivo para la tripulación, siempre que haya suficientes para el uso de viajeros. Cabe recordar que en Colombia, las líneas aéreas utilizan distintos modelos de aeronaves que van desde pequeños turbohélices hasta aviones de gran capacidad como Airbus A330 o Boeing 787, por mencionar algunos.
Para la distribución del catering, todos los alimentos deben ser entregados en contenedores sellados y preenvasados y por ubicación, según la designación de asientos. La medida está orientada para evitar que los pasajeros de una misma fila coman al mismo tiempo. Dicho protocolo se advierte como impracticable por la duración de los vuelos que impediría entregar el catering a todas las personas de un avión en el esquema que presenta el Gobierno, además de carecer de un mecanismo de fiscalización efectivo. En los vuelos de menos de dos horas de duración, la autoridad establece que las líneas aéreas deben abstenerse de realizar el servicio a bordo.
Adicionalmente, el Gobierno insiste en la obligación de limpiar y desinfectar los equipos de entretenimiento a bordo después de cada vuelo y se prohíbe que los tripulantes de cabina compartan los elementos utilizados para las demostraciones de seguridad, otra medida que puede ser terminar siendo impracticable o carece de fiscalización; En el caso de que un viajero presente sintomatología asociada a COVID-19 debe ser aislado.
Otra medida cuestionada es la sugerencia a los viajeros que mientras estén en el avión, permanezcan en silencio. Según Fernández, “así se disminuye el riesgo de transmisión en el transcurso del vuelo, el cual en todo caso sigue siendo bajo”.
Las nuevas disposiciones del Gobierno de Colombia generan abiertos cuestionamientos por contradecir los estándares que difícilmente se están establecimiento en todo el mundo para dar seguridad a pasajeros, tripulaciones y población y ser en algunos casos impracticables. Por la transferencia de facultades a los alcaldes, algunos manifiestan su oposición y se advierte un alto grado de conflictos entre el Gobierno central y el local, creando un marco de incertidumbre para los pasajeros y los propios colombianos.
Fotografía portada – Agencia Senado