Mientras su competidora JetSMART acepta -por ahora- las nuevas condiciones de operación desde el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, Flybondi asume el mayor desafío: un enfrentamiento directo contra el gobierno de Alberto Fernández para defender su operación en el aeropuerto El Palomar. Con movilizaciones de trabajadores que llegan hasta la Casa Rosada, más denuncias contra el vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la línea aérea de bajo costo y tarifas bajas (LCC, por sus siglas inglés) exige el cumplimiento de las condiciones pactadas con el Estado.
Esta semana, ORSNA no autoriza el funcionamiento del aeropuerto El Palomar apelando a las medidas sanitarias, mismas que en distintos países se transforman en un instrumento político para distintos fines realizados “en el nombre de la salud”. El argumento se sustenta en la menor infraestructura de las instalaciones que no permitirían mantener el distanciamiento físico. Sin embargo, la medida guarda relación con un documento de la concesionaria AA2000 que en abril solicita al organismo regulador trasladar las operaciones a otros aeropuertos bonaerenses por la pérdida de ingresos producto de la paralización y la deuda que poseen las compañías que operan en El Palomar.
Pese a los fallos judiciales, la decisión de bloquear la operación en El Palomar es política. En primer lugar, no hay diferencia alguna entre habilitación de protocolos sanitarios entre un aeropuerto y otro, independiente del tamaño del terminal. Si bien es cierto que Ezeiza posee mayores dimensiones, ningún terminal aéreo en el mundo está pensado para mantener una distancia física sugerida de uno o dos metros entre las personas, por lo que la apelación a dicho argumento no procede.
En segundo lugar, está la firma del documento que impide el funcionamiento está a cargo de Fernando José Muriel, vicepresidente de ORSNA, en lugar del presidente de este. Muriel está ligado al movimiento político kirchnerista “La Cámpora”, que bajo la administración de Cristina Fernández realiza distintas acciones para entorpecer el funcionamiento de LAN Argentina (hoy LATAM, cuya filial está fuera del país).
Por lo mismo, el gremio de Flybondi presenta una denuncia penal contra Fernando José Muriel ante el Juzgado Federal Nº8, a cargo del doctor Marcelo Martínez De Giorgi. La denuncia se realiza bajo cargos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Recordamos que no existen razones sanitarias, ni operativas, ni de seguridad o técnicas para cerrar El Palomar. Es un aeropuerto inclusivo, popular y productivo. Es nuestra casa y vamos a defender”, defiende la Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi (ATAF).
En Flybondi, es “El Palomar o nada” y están dispuestos a todo. Por su eventual situación financiera y el nivel de conflicto adoptado con el gobierno de Alberto Fernández y el kirchnerismo, no se descarta que pueda salir muy afectada con consecuencias para sus empleados y también para el mercado aerocomercial argentino.
En un comunicado, la LCC trasandina dice que aún no es notificada oficialmente ni conoce ningún detalle sobre el alcance de la medida sobre El Palomar, pero sobreentiende que la misma apuntaría a que no continúe operativo para ningún tipo de operaciones de transporte aéreo regular de pasajeros. “Flybondi expresa su más absoluto rechazo a esta decisión, cuyos argumentos son íntegramente impugnables y maliciosos; pero lo que es más grave aún, es que deja al descubierto el desmanejo regulatorio y la ausencia total de planificación y coordinación, generando dos claros damnificados: los pasajeros y los trabajadores”, dicen.
Ante la decisión de no autorizar operaciones aéreas de pasajeros desde y hacia El Palomar, el Gobierno argentino ofrece compensar a las LCC (Flybondi y JetSMART) mantener las tasas aeroportuarias acordadas, aunque operen desde Ezeiza. En la administración pública argentina, no confirman ni desmienten un cierre del aeropuerto, pero justifican el traslado temporal aludiendo el escenario de la pandemia.
Para Flybondi la realización de vuelos desde Ezeiza es viable desde el punto de vista operativo, ya que se trata de un aeropuerto como cualquier otro. Sin embargo, no se acepta porque representa un cambio en la estructura de costos por los cargos aeroportuarios más altos que obligarían a traspasarlos a los usuarios y porque representa afecciones a su modelo comercial. La operación desde El Palomar permite a la LCC atender de mejor manera a un sector de Buenos Aires (zona oeste) con un acceso de bajo costo que crea una diferenciación de su producto que no puede aplicar en Ezeiza.
Además del factor de competencia directa que representan las LCC con Aerolíneas Argentinas, el bloqueo político de El Palomar también tiene aristas en el contrapeso de poderes entre la administración nacional y la de las provincias. Con el desarrollo de las LCC, muchas provincias se benefician de incremento de operaciones y competidores para sus aeropuertos, ampliando la cantidad de pasajeros en una generación de beneficios para sus economías locales que puede ser superior a la de la línea aérea estatal.
El aeropuerto de El Palomar es un símbolo de la región no sólo por ser el primer aeropuerto de bajo costo, sino por ser la materialización del punto de inflexión de la política aerocomercial de Argentina, país reconocido por su excesiva regulación e injerencia estatal más allá de los temas de real competencia. Cabe recordar que bajo el Gobierno de Mauricio Macri el país transita de un modelo estatal hacia una liberalización gradual generando una ampliación de conectividad, liberalización de precios y democratización del transporte aéreo, aumento en la cantidad de operadores, entre otros.
Fotografía portada - Simón Blaise