Como parte de los compromisos conseguidos a principios de septiembre, la jueza Shelley C. Chapman del Tribunal de Quiebras en el distrito sur de Nueva York, aprueba con fecha 09 de octubre el financiamiento de Aeroméxico bajo la fórmula Debtor in Possesion (DIP, por sus siglas en inglés). La aprobación se da pocas semanas después de las estimaciones de la línea aérea que consideraba que a finales de septiembre iba a recibir la sentencia.
“La aprobación final del financiamiento DIP por parte de la Corte del Capítulo 11 constituye un hito trascendental en el proceso de restructura de Aeroméxico, lo que nos brindará certeza en el acceso a los recursos necesarios para cumplir con nuestros compromisos de manera ordenada”, comenta Andrés Conesa, CEO de Grupo Aeroméxico. “Reconocemos y agradecemos el continuo apoyo de nuestro consejo de administración y todas las partes interesadas, particularmente de nuestros empleados, sindicatos y autoridades”.
Un mes antes de la aprobación, Aeroméxico recibe una primera emisión por US$100 millones que constituyen la primera parte del Tramo 1 de financiamiento. A este se agrega otros US$175 millones disponibles en el Tramo 2. Ambos, forman parte de los compromisos por hasta US$1.000 millones.
Según indica la compañía, la parte no dispuesta en el Tramo 1 y el monto inicial disponible en el Tramo 2 dispondrán una sola exhibición una vez se cumplan las condiciones restantes. “De manera subsecuente y sujeto al cumplimiento de condiciones e hitos adicionales, se pondrán a disposición de la compañía desembolsos adicionales por montos mínimos de US$100 millones”, agregan.
Con su financiamiento aprobado, Aeroméxico se une a LATAM y Avianca en continuar con su proceso de reorganización voluntaria bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Dentro del escenario, altamente adverso que impone la pandemia y la demora en la reactivación en la región, el hecho de que las tres principales compañías aéreas latinoamericana avancen en su proceso de reorganización es una noticia positiva que, en primer término, asegura su continuidad, y su ajuste para el escenario futuro.
Las tres líneas aéreas esperan salir fortalecidas de este proceso a nivel financiero y de liquidez para preservar las operaciones aéreas, los activos y asegurar en la medida de lo posible los empleos. El desafío más inmediato que se presenta para las tres empresas -como para muchas otras que no están bajo una medida de protección judicial- es establecimiento un plan de reestructuración, tarea compleja por la falta claridad en los escenarios futuros.
El 30 de junio, Aeroméxico es la última de las tres principales líneas aéreas latinoamericanas que se acoge al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en los Estados Unidos, después de Avianca y LATAM Airlines Group. El resto de las compañías aéreas de la región están con medidas de protección judicial locales, como es el caso de Easyfly en Colombia, están en proceso de evaluación o negocian de manera individual con sus acreedores, bancos y Gobiernos.
Si bien la línea aérea azteca continúa operando y reactivando vuelos a los distintos mercados donde opera, además de contratar servicios requeridos para la operación con sus proveedores, los ajustes implementados hacen que caiga al tercer lugar en el tráfico de pasajeros en México, siendo superada por Volaris y Viva Aerobus. En paralelo, anuncia un recorte de 616 empleos de tripulantes de cabina y está negociando con el sindicato de pilotos (ASPA) una reducción adicional. En julio, los pilotos aceptan una reducción de su sueldo y 266 licencias sin goce de sueldo como medidas de ahorro inmediato ante la falta de liquidez de la compañía.
Fotografía portada - Aeroméxico