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    Gobierno de Portugal nacionaliza TAP tras falta de acuerdo con accionistas privados

    Por segunda vez en cinco años, el Gobierno de Portugal ingresa en la propiedad de TAP. Tras no conseguir la aceptación por parte de los accionistas privados de las condiciones impuestas por la Comunidad Europea para otorgar las ayudas económicas, la administración política cumple su advertencia y anuncia que incrementará su participación hasta el 72,5% de la propiedad de línea aérea.

    La decisión se justifica para evitar un colapso financiero de la línea aérea a la cual reconoce como una herramienta indispensable para la conectividad aérea y la actividad económica de Portugal. Frente a eventuales cuestionamientos de sectores políticos y sociales, el Gobierno defiende la acción al argumentar que la pérdida de TAP como empresa “excedería en gran medida el esfuerzo” por mantenerla, según las declaraciones del ministro de Infraestructura y Vivienda, Pedro Nuno Santos.

    Según el Gobierno de Portugal, TAP es uno de los principales exportadores del país aportando más de €2.600 millones en 2019, impacto que aumenta al propiciar compras en proveedores locales por valores estimados en €1.300 millones, generar más de 10.000 puestos de trabajos y más de 100.000 empleos indirectos en distintas industrias. Entre la contribución se destaca que la línea aérea es la principal vía de llegada de turistas a Portugal.

    Actualmente, el Gobierno de Portugal dispone del 50,0% de la propiedad de la línea aérea, mientras un 5,0% se encuentra en manos de los trabajadores. El resto se encuentra a cargo de Atlantic Gateway, sociedad participada por David Neeleman, fundador de JetBlue y Azul Linhas Aéreas, y el empresario portugués Humberto Pedrosa.

    La falta de acuerdo y anuncio del aumento de participación estatal considera el quiebre de las relaciones con Neeleman, quien decide abandonar TAP, la igual que Azul al vender una participación indirecta de 6,0% de la empresa, además de no ejercer el derecho de convertir €90 millones de bonos en acciones. En la nueva estructura de la propiedad, TAP debiera quedar participada en un 72,5% por el Estado portugués, seguida de un 25,0% por Pedrosa, y un 5,0% a cargo de los trabajadores.

    El quiebre entre los accionistas de TAP se da por las condiciones que la Comisión Europea impone a Portugal para otorgar ayudas económicas por €1.200 millones para cubrir las necesidades inmediatas de liquidez y asegurar la continuidad de la compañía. Sin embargo, el marco regulatorio utilizado no es el mismo a otras ayudas públicas a empresas afectadas por la crisis del COVID-19, dado que en el caso de TAP se busca resolver problemas financieros anteriores que amenazan su continuidad. Ante esta situación, establece una serie de condiciones para una “inmediata reestructuración”, no aceptada por los accionistas privados.

    La salida de Neeleman y de Azul supone posibles cambios en las estrategias a corto plazo, considerando que TAP y la línea aérea brasilera consideraban establecer un acuerdo de negocio conjunto (JBA, por sus siglas en inglés). Por el momento, Azul valora el acuerdo alcanzado para el término de la sociedad y señala que el aumento de la participación del Estado en la compañía portuguesa le asegura su continuidad.

    Sin una relación con TAP, Azul tiene el camino libre para explorar otras oportunidades de alianzas al mismo que tiempo que focaliza sus recursos en la recomposición de sus operaciones y viabilidad financiera a mediano plazo. En ese ámbito, para esta última cobra relevancia los acercamientos que está teniendo con LATAM con la cual ya establece una alianza de código compartido para el mercado doméstico brasilero. Tanto Azul como LATAM declaran que la asociación está referida estrictamente a este tipo de acuerdos, pero no se descarta que ambas empresas consideren una intensificación de sus relaciones a fin de crear fortalezas futuras.

    Fotografía portada – Alejandro Ruiz

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