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    Aeropuertos chilenos se unen para pedir al Gobierno un trabajo conjunto para la reactivación

    Con el fin de hacer frente a la crisis que impone la pandemia del COVID-19 a los aeropuertos del país, once concesionarias de aeropuertos que operan en Chile se unen bajo el alero de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA). El motivo es analizar el complejo escenario que enfrenta la industria aérea, especialmente para los aeropuertos, y dimensionar las posibles transformaciones a desarrollar para sortear el actual escenario.

    El grupo de trabajo de COPSA está integrado por las sociedades concesionarias de aeropuertos de Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique, Andrés Sabella de Antofagasta, El Loa de Calama, Desierto de Atacama de Copiapó, La Florida de La Serena, Carriel Sur de Concepción, La Araucanía de Temuco, El Tepual de Puerto Montt, Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas y Arturo Merino Benítez de Santiago. Una de sus primeras funciones es constituir una mesa de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para presentar una visión de la problemática que enfrentan los aeropuertos concesionados de Chile como consecuencia de la caída drástica del transporte aéreo por la pandemia y la imposición de manera unilateral de restricciones a los viajes por parte del Gobierno.

    En una primera instancia, los aeropuertos esperan discutir la mantención de un equilibrio económico de los proyectos actualmente en desarrollo y por desarrollar, los problemas puntuales de cada terminal producto de la pandemia y la compleja situación de las futuras licitaciones ante la actual e inestable situación del contexto sanitario. Más que crear un punto de conflicto con la autoridad es generar una instancia de diálogo de la cual surjan mecanismos para fortalecer el modelo de concesiones como herramienta de reactivación para Chile.

    “La industria aeroportuaria es sin duda alguna una de las más golpeadas en el marco del Covid-19 y, por lo mismo, uno de los sectores que más urgentemente requiere desarrollar propuestas en conjunto con el Estado para viabilizar en el tiempo la mantención y operación de estos estratégicos terminales aéreos que dan conectividad al país”, expresa Leonardo Daneri, presidente de COPSA.

    Según el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) los aeropuertos de América Latina y el Caribe están sufriendo un impacto significativo con la paralización del transporte aéreo. Aún cuando Brasil, Chile y México son los únicos países que han mantenido vuelos domésticos, la caída drástica en el tráfico de pasajeros está colocando pérdidas de ingresos en el sector por más de US$700 millones. Estas pérdidas no están siendo compensadas y menos aminoradas dado que se continúan cumpliendo con las obligaciones que establecen los contratos de licitación con los Estados.

    Cabe destacar que, pese a que no se realizan vuelos o son muy inferiores a los niveles previos registrados en marzo y las fronteras están cerradas, los aeropuertos mantienen toda su infraestructura y espacios a disposición de las autoridades para atender la emergencia. Además, reciben la carga aérea y atienden los vuelos de repatriación.

    Con la pandemia golpeando fuerte a los países de América Latina durante el segundo trimestre, los aeropuertos esperan una caída aún mayor de sus ingresos respecto al primer periodo del año. En Chile, la situación es igual y ante el aumento explosivo de casos, se prevé un escenario adverso también para el tercer trimestre.

    Uno de los principales desafíos que tienen los terminales aéreos es la poca flexibilidad como consecuencia de la imposición de una estructura de costos fija que no es posible atender sin ingresos. Si bien los terminales aéreos están abiertos, se reitera que muchos de los servicios no están funcionando, afectando a toda una cadena de proveedores. En Chile, muchos de estos servicios son efectuados por pequeñas y medianas empresas (PYMES), especialmente en regiones.

    De acuerdo con estimaciones de ACI-LAC (Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe), aproximadamente 430 mil personas trabajan en los terminales aéreos de la región en entidades públicas como privadas. Parte importante de ese grupo ve en riesgo el término de sus fuentes de trabajo de no existir cooperación de parte de los Gobiernos.

    En Chile, al menos 10 aeropuertos y aeródromos tienen una administración mixta privada-pública es decir bajo una concesión del MOP, mandante de la misma. El resto de los terminales aéreos son públicos administrados por DGAC. Por las características demográficas, económicas y operativas de la red aérea, el aeropuerto de Santiago es el principal sostenedor del resto de la red no concesionada, por lo que las consecuencias de la crisis de la industria aérea tienen un impacto directo en toda la red. Sin la percepción de ingresos, el impacto financiero a los aeropuertos amenaza también con afectar al Estado con la recaudación de las concesiones, las tasas aeroportuarias y aeronáuticas, y las tasas de embarque.

    Desde mayo, ACI planea la necesidad de contar con ayudas urgentes de parte de los Gobiernos. Estas pueden ser de carácter financiero para garantizar el pago de salarios al personal como a los proveedores, la desgravación fiscal o prórrogas en el pago de impuestos u obligaciones con el fin de “proporcionar oxígeno” a las finanzas. Si se dan préstamos, deben ser a tasas preferenciales.

    Más que una ayuda económica como solicitan las líneas aéreas, lo que busca el grupo de trabajo en COPSA es un desarrollo armonioso entre la realidad que enfrenta la industria aérea y las exigencias más inmediatas por parte del Estado. En ese sentido, toma fuerza la idea de flexibilidad en las concesiones.

    “En la medida que más empresas se apoyen en el trabajo profesional que hace décadas desarrolla COPSA en la promoción y defensa de las concesiones, seremos capaces de profundizar aún más los enormes beneficios modernizadores y para la calidad de vida de las personas, que este modelo representa para quienes vivimos en Chile”, puntualiza Daneri.

    Fotografía portada – Ricardo J. Delpiano

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