En lo que se puede catalogar como un avance respecto a las restricciones actuales para los viajes aéreos, el Gobierno de Argentina considera la posibilidad de reanudar los vuelos de cabotaje en un periodo de 30 a 45 días. Según anuncia el ministro de Transporte de ese país, Mario Meoni, en radio AM 750, esta posibilidad considera reanudar la actividad aérea en julio, mientras que los vuelos internacionales o de larga distancia para el inicio de la primera. Por el momento, la restricción de no comercializar vuelos hasta el 01 de septiembre se mantiene.
En las últimas semanas, distintos actores de la industria aérea vienen conversando con las autoridades del Gobierno argentino para revertir o flexibilizar las restricciones impuestas a la aviación, por considerar altamente perjudiciales por tener efectos en el empleo directo e indirecto del país, su cadena de abastecimiento y la recuperación económica post-confinamiento. En la propia, Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), actor que también participa en las negociaciones, califican como progresos esas conversaciones.
Según el plan de Gobierno, la reactivación de los vuelos sería gradual y muy limitada a 32 vuelos semanales. Considera, además, una limitación al 70% en la ocupación de los vuelos, sin específicar medidas para ello, pero que sugiere restricciones altamente adversas para la industria y los propios pasajeros. La decisión final estará a cargo del Ministerio de Salud dependiendo del avance de la enfermedad.
La administración de Fernández confirma que trabaja con Aerolíneas Argentinas, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC Argentina) y el Ministerio de Salud para definir un protocolo de reanudación de los vuelos. No estarían considerados otros operadores argentinos, pese a que también aportan conectividad aérea, especialmente las líneas aéreas de bajo costo y tarifas bajas (LCC, por sus siglas en inglés) ante el rápido crecimiento registrado en el último año. Precisamente, estas últimas han sido enfáticas en la necesidad imperiosa de reactivar el sector para satisfacer las necesidades de viaje, asegurar la cadena de abastecimiento y evitar una crisis de liquidez ante la extensión de las medidas de confinamiento.
Si se materializa la fórmula presentada, el Gobierno de Argentina atentaría los criterios de igualdad y libre competencia, este último que se diluye aún más con prácticas desleales que pueden considerarse desleales. Se está considerando sólo a Aerolíneas Argentinas que ganaría un rol predominante frente a los resto de los operadores y por tener esta empresa el beneficio de contar con subsidios estatales, a diferencia el resto que todavía no pueden obtener mecanismos de ayuda.
Si bien se desconoce cómo se va a limitar la capacidad al interior de los aviones, es altamente probable que se considere el bloqueo del asiento del medio como exigencia por ser sencillo de aplicar sobre la oferta de plazas por vuelo. Lo anterior, también podría generar críticas por representar daños aún más graves a la aviación, especialmente para el resto de los operadores que no cuentan con el “beneficio” de tener asegurados fondos públicos para cubrir las pérdidas.
IATA señala que el bloqueo del asiento del medio representa un grave daño para las economías de las líneas aéreas y para los usuarios porque restringen la probabilidad de obtener los necesarios ingresos para subsistir y sólo favorece a elevar las tarifas aéreas. Esto, sin contribuir a una mayor seguridad sanitaria, dado que no existe evidencia científica de que los aviones sean foco de contagio.
De acuerdo con las estimaciones de la Asociación, en América Latina las tarifas aéreas podrían subir en un 50% siendo la segunda región a nivel mundial con la mayor alza de los pasajes después de Asia. Si los Gobiernos establecen esa política como requisito, se hacen responsables de terminar con la democratización del transporte aéreo que la propia industria viene propiciando con nuevos modelos de negocios que permiten que más personas vuelen y aumenten las fuentes de empleo en los países.
Dentro de lo adverso que estas medidas asoman, el propio ministro Meoni reconoce que volar es seguro. “Donde han aparecido brotes de coronavirus en el interior de país no es a causa del transporte porque no hay transporte interjurisdiccional, vuelos de cabotaje o viajes de larga distancia, sino que tienen que ver con las personas que van a un determinado lugar y no cumplen con los requisitos de distanciamiento social”, dice en Página 12 (07/06/2020).
Actualmente, ninguna compañía aérea está en condiciones de soportar más restricciones ante los daños que el COVID-19 está causando a la industria aérea, menos en Argentina ante la devaluación de la moneda local frente al dólar estadounidense y el encarecimiento del costo de la vida. Sólo las empresas estatales tienen una “mayor ventaja”. Como se menciona, Aerolíneas Argentinas es la única empresa que puede operar sin inconvenientes ante las restricciones por contar con permanentes subsidios públicos. Pese a las mayores eficiencias que ha conseguido en los últimos años, la compañía todavía no consigue desprenderse de esa fuente de financiamiento. Pablo Ceriani, CEO de la línea aérea, estima que para este año se requerirán US$880 millones y hasta mayo, ya se habrían gastado US$450 millones.
Según declaraciones en prensa, las pérdidas adicionales que podrían ocasionar las eventuales medidas a imponer parecieran no importar a las autoridades. “Esta es la ventaja de tener una aerolínea de bandera ya que puede volar aun no estando completo el vuelo”, dice abiertamente Meoni.
Actualmente, Argentina registra mínimos históricos en el transporte aéreo de pasajeros como resultado directo del impacto de las medidas de confinamiento y de viajes. Durante el mes de mayo, se autorizan vuelos de repatriación internacionales y algunos vuelos humanitarios para trasladar personas entre las Provincias, operados por Aerolíneas Argentinas.
En los pasados días, la crisis comienza a impactar en los operadores más pequeños como Flyest que, ante la imposibilidad de retomar operaciones de pasajeros, solicita acogerse a un concurso preventivo mientras negocio con potenciales nuevos socios inversores. Es la primera compañía aérea en tomar acciones de estas características, aunque en una perspectiva más amplia el escenario puede ser más adverso si se toman casos de la desaparecida Avianca Argentina y las interrupciones de Andes Líneas Aéreas, ambas no relacionadas con la crisis COVID-19. Según Horacio Preneste, CEO de Andes Líneas Aéreas, habrán “mayores consecuencias” de aplicarse las políticas que sugiere el Gobierno.
Fotografía portada – Mariano Guido