A la polémica por la solicitud del cierre unilateral de carácter temporal del aeropuerto El Palomar de Buenos Aires (EZE), se suma la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de prohibir la venta de pasajes aéreos con fecha previa al 01 de septiembre. A pocas horas de conocerse, la medida genera una fuerte oposición en la industria aérea y amenaza con colocar a Argentina en un escenario de conflicto internacional.
La resolución 144/2020 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispone que las líneas aéreas que operan desde, hacia o dentro del territorio nacional podrán programar vuelos y comercializar pasajes, sólo con fecha a partir del 1º de septiembre. Por consiguiente, cierra la posibilidad de cualquier reanudación de servicios aéreos domésticos e internacionales por más de cuatro meses lo que supone una grave afección no sólo a la industria del transporte aéreo, sino que también amenaza con perjudicar más la economía, los empleos y la sociedad de ese país.
Según ANAC, la decisión pretende equilibrar la protección a pasajeros varados que ya compraron pasajes a empresas, a las que el Gobierno trasandino las culpa de “vender sin autorización oficial”. La resolución es la segunda emitida, pero la única vigente dado que la anterior no llega a ser promulgada por tener una fuerte oposición y cuestionamientos. La primera sólo disponía que las líneas aéreas sólo podrían comercializar servicios de transporte aéreo de pasajeros desde, hacia o dentro del territorio nacional siempre que se encontraran formalmente autorizadas por el Gobierno, sin establecer ningún tipo de plazo.
En una declaración conjunta, el Consejo Internacional de Aeropuertos para Latinoamérica y el Caribe (ACI-LAC), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) llaman con urgencia a las autoridades de Argentina sobre el riesgo inminente y sustancial que representa la resolución 144/2020 por considerar que afecta directamente a toda la industria aérea del país y también de la región, las líneas aéreas domésticas e internacionales, además de sectores de negocios, comercio, turismo y todos sus derivados.
“El riesgo de supervivencia que enfrentarán las aerolíneas bajo esta resolución pone en peligro miles de empleos en el país, la conectividad de Argentina con el mundo, así como la conectividad interna que es vital para el transporte de insumos esenciales y para el bienestar económico y social de la nación”, declaran. De igual manera, agregan que “los aeropuertos argentinos enfrentarán una situación grave en la que deben seguir en funcionamiento con sus respectivos costos operativos para atender los vuelos de carga aérea y humanitarios, pero sin vuelos comerciales de pasajeros cuya actividad representa más del 80% de sus ingresos”.
ACI, ALTA y IATA entienden la preocupación de los Gobiernos por la salud y la seguridad de la población, así como también el principio de soberanía que los rige. Sin embargo, expresan preocupación porque se trata de una resolución que no es compartida y menos que no es consensuada con la industria de la aviación, además de ir en dirección contraria de todos los esfuerzos de todos los actores para proponer e implementar un plan de reactivación responsable y seguro para restablecer las actividades comerciales y un servicio esencial para la población.
La industria aérea considera también que la medida al limitar las operaciones aéreas y la comercialización de los vuelos contradice los acuerdos internacionales firmados por Argentina, además de generar incertidumbre para todas las compañías nacionales e internacionales que tienen un permiso de operación vigente para ejercer los derechos que esa autorización concede. Por consiguiente, se violan los compromisos acordados bajo la propia normativa argentina.
La aviación regional y global está desarrollando un plan de recuperación del transporte aéreo en conjunto con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), donde todos los Estados están representados. Este plan incluye los más estrictos estándares y requerimientos de salud y seguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Argentina necesita del transporte aéreo para la comunicación, transporte y funcionamiento oportuno de numerosas actividades económicas. Solamente el sector de viajes y turismo aporta 10% al PIB de la nación y genera 9,4% de los empleos en el país con cerca de 2 millones de fuentes de trabajo, de acuerdo con estudios del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Se trata de un sector fundamental para el bienestar de la población”, dicen ACI, ALTA y IATA en la declaración.
Cada empleo en el transporte aéreo genera aproximadamente cuatro empleos adicionales en distintas industrias. Por consiguiente, es un importante catalizador económico de los países. De ahí revista suma importancia que los Gobiernos consideren medidas de ayuda a la industria aérea bajo distintas fórmulas disponibles. En caso contrario, se arriesgan a ser responsables de incrementar la cifra de cesantes, además de causar daños a su respectiva población.
Actualmente, las líneas aéreas mantienen intactos el 50% de sus costos sin estar percibiendo ningún ingreso. Esta situación amenaza la continuidad de muchas compañías aéreas y, por consiguiente, los modelos de negocios de aeropuertos concesionados y no concesionados, la generación y mantención de empleos dentro y fuera del sector, además de perjudicar la recaudación fiscal.
Las líneas aéreas en Argentina van a reportar pérdidas de ingresos en un 57% en comparación con 2019 lo que impactará en 17.589 empleos directos y una cifra mayor en los indirectos, según datos económicos de IATA. Considerando la grave crisis económica que el país arrastra de años anteriores, el escenario es altamente complejo más allá del transporte aéreo.
Fotografía portada - Ricardo J. Delpiano