En un reconocimiento de la importancia del transporte aéreo para la economía e integración del país, el Estado argentino convoca a las líneas aéreas de su país para establecer un grupo de trabajo para evaluar consecuencias económicas del COVID-19 en la industria aérea. Si bien la acción no implica el establecimiento de políticas de ayuda específicas u otros beneficios, se interpreta como una primera aproximación que, en términos generales, puede ser valorada.
El “Grupo de Trabajo de Evaluación de Consecuencias Económicas del COVID-19 en el Transporte Aéreo” –como se lo denomina- está conformado por dos sectores. Por un lado, está el aparato público que incluye al Ministerio de Transportes de la Nación, el Ministerio de Turismo y Deportes, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y Aerolíneas Argentinas. Por otro está el sector privado, agrupados en la Cámara de Compañías Aéreas (conocida también como JURCA), la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional, la Cámara Argentina de Prestadores de Servicios Internacionales y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
No obstante, no incluye a dos actores fundamentales de la aviación argentina actual: las líneas aéreas de bajo costo y tarifas bajas (LCC, por sus siglas en inglés) representadas por Flybondi y JetSMART. La no inclusión de estas compañías puede ser interpretada como una posible discriminación, especialmente si se toma como referencia acciones políticas de anteriores gobiernos anteriores hacia firmas u organismos que representaban una “amenaza” para la acción estatal en el transporte aéreo: especialmente para la gestión de Aerolíneas Argentinas. Con cambios en los operadores, las dos LCC transandinas son bajo el escenario actual los principales competidores de la empresa estatal.
No obstante, desde ANAC se advierte que se podrán cursar otras invitaciones a autoridades, instituciones y empresas para que se incorporen al grupo de trabajo. Además de Flybondi y JetSMART, no se incluyen otras líneas aéreas, aunque pueden o están representadas por IATA o JURCA de manera indirecta o simplemente beneficiarse de las medidas que emanen del comité, algo que puede no ocurrir con las LCC mencionadas por no pertenecer a estas agrupaciones.
De acuerdo con las declaraciones de Paola Tamburelli, el establecimiento del grupo de trabajo se orienta para trabajar intensamente en la preservación de fuentes de trabajo. Por consiguiente, se infiere una valoración del Estado de la importancia que tiene la aviación en la economía del país.
Con una economía afectada y una fuerte devaluación de la moneda local frente al dólar, la industria aérea argentina agrava su situación, lo que sumado a la caída de la demanda y el cierre unilateral de fronteras por parte de los Gobiernos ante la pandemia del COVID-19, alerta un impacto devastador en el país. Según IATA, las líneas aéreas argentinas perderán US$2.431 millones en ingresos una caída del 48% respecto a 2019, poniendo en riesgo a 14.672 empleos directos y un número ampliamente superior de puestos de trabajo indirectos considerando el alto flujo que tiene Argentina en turismo y otras industrias derivadas.
Al convocar a una mesa de trabajo, Argentina toma liderazgo en lo que respecta a establecimiento de políticas de ayuda a la industria aérea en el cono sur y se suma a países como Brasil y Colombia que ya han establecido medidas concretas u aproximaciones para colaborar con la continuidad del transporte aéreo.
En Chile, la crisis en la aviación asociada al COVID-19 amenaza a 11.474 puestos de trabajo directos, cifra que se eleva a 47.219 si se consideran los empleos que dependen indirectamente. Las estimaciones consideran pérdidas de ingresos para las líneas aéreas chilenas por US$1.849 millones.
